(Expansión, 17-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo
Desde su creación, el denominado Comité de Inversiones Estratégicas ya apuntaba a convertirse en un foco de controversia. Sin embargo, pocos anticipaban que una de las críticas más contundentes llegaría desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El organismo, presidido por Cani Fernández, cuyo mandato concluyó precisamente ayer y que ahora permanece en funciones, ha emitido un informe especialmente crítico con varios aspectos fundamentales de este nuevo órgano. El comité interministerial tendrá la capacidad de determinar qué grandes proyectos empresariales reciben el respaldo del Ejecutivo, una circunstancia que puede resultar decisiva para acceder a ayudas públicas, subvenciones o autorizaciones administrativas.
En su análisis, la CNMC pone en duda tanto los criterios como el procedimiento previstos para evaluar y declarar estos proyectos estratégicos, tanto en las fases iniciales como en la resolución definitiva. El regulador considera necesario definir parámetros objetivos y medibles, especialmente en conceptos ambiguos como la "relevancia" o la "significación" de los proyectos, con el objetivo de limitar la discrecionalidad y garantizar que las decisiones se adopten con criterios transparentes y verificables.
El informe ha sido elaborado a petición del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños. Su contenido supone un revés para una de las iniciativas más destacadas impulsadas por la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, encabezada por Manuel de la Rocha.
Aunque el Comité de Inversiones Estratégicas fue anunciado a finales del año pasado, su desarrollo tomó forma durante la pasada primavera, coincidiendo con la aprobación del decreto de medidas anticrisis motivado por el conflicto en el golfo Pérsico. Fue entonces cuando se concretaron su estructura y competencias mediante una nueva regulación.
Entre los aspectos más llamativos de la normativa figura que el órgano estará copresidido por la persona responsable de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno -cargo que ocupa Manuel de la Rocha- junto con el Ministerio de Economía. No obstante, el texto no especifica si la representación de este departamento corresponderá directamente al ministro Carlos Cuerpo o a una persona designada por él.
La CNMC insiste además en que los criterios aplicables durante la fase preliminar de análisis de las inversiones deben estar sustentados en indicadores objetivos y cuantificables. También propone aclarar la importancia relativa de cada uno de los criterios de evaluación e incorporar una valoración inicial sobre la capacidad técnica de los promotores de los proyectos, complementando así el análisis de su solvencia económica y financiera.
Por último, el organismo regulador reclama que las evaluaciones se basen en criterios homogéneos, verificables y transparentes, y considera imprescindible que los baremos utilizados para valorar los proyectos sean aprobados y publicados con carácter previo a su aplicación.