(El País, 21-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La economía española avanza a un ritmo tres veces superior al promedio de la eurozona, pero ese crecimiento no se refleja con la misma intensidad en la vida cotidiana. Mientras la crisis de la vivienda continúa siendo una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía -que la percibe como la principal fuente de desigualdad-, la mayoría no confía en que la situación mejore a corto plazo. De hecho, el 52% de los españoles considera que el ascensor social está averiado y que las oportunidades de progreso dependen más del origen familiar que del esfuerzo o los méritos personales, según la encuesta Vivir la desigualdad publicada por Oxfam Intermón.
Estos resultados vuelven a evidenciar el desajuste entre la percepción social y los indicadores macroeconómicos. Aunque España lidera el crecimiento entre las grandes economías desarrolladas gracias al impulso del empleo y al aumento de la población, que se acerca ya a los 50 millones de habitantes por el efecto de la inmigración, el sentimiento económico sigue siendo pesimista. Así lo confirma también el Termómetro 5D de 40dB. para CincoDías y EL PAÍS, publicado recientemente.
La razón es que los datos agregados no reflejan la realidad de todos los grupos sociales. Los más pesimistas son las mujeres, los jóvenes, las personas racializadas y los hogares con menos ingresos, colectivos más expuestos a la precariedad laboral, los salarios bajos y la falta de ahorros.
El problema de la vivienda merece una mención aparte. La oferta es insuficiente para una población en crecimiento y los precios han alcanzado niveles máximos desde la burbuja inmobiliaria, lo que ha convertido el mercado en un cuello de botella. Casi la mitad de los encuestados (45%) afirma verse afectada por esta crisis, y entre los inquilinos, el malestar es aún mayor: el 73% dice sentirse directamente perjudicado, frente al 33% de los propietarios. Además, menos del 15% de quienes no tienen vivienda en propiedad confía en poder comprar una en el futuro.
"En un país donde más del 60% de quienes no poseen vivienda cree que nunca podrá acceder a una, la desigualdad se ha convertido en una realidad estructural y cotidiana", señala Ernesto García López, coordinador del estudio, que se basa en 4.000 entrevistas centradas en las principales causas de la desigualdad.
La situación económica doméstica es otro foco de preocupación. Según los encuestados, el nivel de ingresos es la segunda gran fuente de desigualdad -solo por detrás de la vivienda-, con una puntuación media de 7,2 sobre 10. Tres de cada diez personas dicen que sus rentas no les permiten vivir dignamente, un 40% no puede permitirse unas vacaciones de una semana al año y otro 40% carece de ahorros para cubrir un gasto imprevisto de más de 600 euros. Una de cada cuatro personas ha tenido que pedir ayuda económica a familiares o amigos. Los grupos más afectados vuelven a ser mujeres, jóvenes y personas racializadas.
El estudio también revela que una parte importante de la población renuncia a servicios esenciales por motivos económicos. Una de cada cuatro personas evita acudir al dentista y más de la mitad (52%) ha interrumpido su formación por falta de recursos. El 79% de los ciudadanos considera que España es un país desigual, aunque esta percepción mejora ligeramente respecto a 2023 (tres puntos menos). Aun así, seis de cada diez creen que la situación puede revertirse si se aplican las políticas adecuadas. Entre las prioridades señaladas, el acceso a la vivienda encabeza la lista, con más del 40% de las respuestas, cinco puntos más que en la edición anterior.
En segundo lugar, los encuestados demandan mejores salarios y empleos de mayor calidad (37,8%), aunque esta cifra ha descendido notablemente frente al 46% registrado en 2023, reflejando la mejora del empleo y la moderación de la inflación. En tercer y cuarto lugar se sitúan el acceso a la sanidad y la educación pública.
Finalmente, cuatro de cada diez españoles culpan a las Administraciones públicas del mantenimiento de las desigualdades, seguidas por los partidos políticos y las grandes empresas. Más de la mitad considera que el Estado tiene la mayor capacidad para reducirlas, pero el 73% cree que el sistema fiscal no redistribuye la riqueza de forma justa, y seis de cada diez opinan que los más ricos y las grandes corporaciones pagan menos impuestos de los que les correspondería.