(El País, 21-10-2026) | Laboral
El repunte de la inflación, que se ha situado cerca del 5% en septiembre debido principalmente al encarecimiento de los productos energéticos, está reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Mientras los precios alcanzan su nivel más elevado desde febrero de 2023, los incrementos salariales pactados resultan insuficientes para compensar esta subida. Los convenios firmados durante 2026 contemplan un aumento medio del 3,76%, pero si se tienen en cuenta todos los acuerdos vigentes, incluidos los suscritos en ejercicios anteriores con efectos este año, la subida se limita al 3%. Esta diferencia ha provocado que los salarios pierdan capacidad de compra durante varios meses consecutivos y que en septiembre la brecha entre inflación y aumentos retributivos alcance los dos puntos porcentuales para quienes ya tienen pactadas sus condiciones salariales para todo el año.
A esta situación se suma el bloqueo de las negociaciones para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en el que las organizaciones sindicales y empresariales establecen recomendaciones sobre las subidas salariales. La falta de participación de la patronal mantiene paralizado el diálogo y no se vislumbra una solución a corto plazo. Por su parte, CC OO y UGT han anunciado que reclamarán incrementos del salario mínimo interprofesional de entre el 4% y el 7% anual durante los próximos tres años. El Ministerio de Trabajo prepara una nueva subida que podría situarse en torno al 5%, con la intención de aprobarla antes de las elecciones generales. En este contexto, la recuperación del poder adquisitivo y las dificultades para acceder a una vivienda figuran entre las principales reivindicaciones de la huelga general convocada para el 11 de noviembre.
La falta de mecanismos de protección salarial en la negociación colectiva agrava el problema. Solo el 30% de los convenios incluye cláusulas de garantía salarial vinculadas a la evolución de los precios, que amparan aproximadamente al 40% de los trabajadores cubiertos por estos acuerdos. Según Javier Pacheco, secretario de acción sindical de Comisiones Obreras, esta situación deja desprotegidos frente a la inflación a seis de cada diez empleados cuyos convenios no contemplan estas garantías, además de quienes carecen de cobertura convencional.
La desaparición progresiva de estas cláusulas se explica, en parte, por el prolongado periodo de inflación reducida que vivió España durante más de una década. En aquellos años, los incrementos salariales solían rondar el 2% y las revisiones posteriores apenas llegaban a aplicarse. Esta falta de utilidad práctica contribuyó a que las garantías vinculadas al IPC fueran desapareciendo de muchos convenios, como recuerda Pacheco.
El escenario ha cambiado considerablemente. El índice de precios de consumo alcanzó el 4,9% en septiembre, un repunte que Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, considera probablemente el máximo inflacionario del año. Las previsiones apuntan a una moderación gradual durante los próximos meses, con una inflación media anual de entre el 3,7% y el 3,9%, en línea con las estimaciones del Banco de España.
Sin embargo, una posible desaceleración de los precios no significa que los hogares recuperen automáticamente el poder adquisitivo perdido. Muchos trabajadores siguen sujetos a convenios plurianuales que contemplan aumentos más limitados, mientras que el encarecimiento acumulado continúa repercutiendo sobre sus presupuestos. Según los analistas, las familias están afrontando parte de este impacto mediante una reducción de sus ahorros.
La energía constituye uno de los principales focos de presión, con incrementos superiores al 20%. Su encarecimiento repercute en otros bienes y servicios a través de los costes de transporte y producción. El gas natural, por ejemplo, es esencial para fabricar fertilizantes, por lo que su subida puede trasladarse a los costes agrícolas y terminar reflejándose en los precios de los alimentos. Aunque las variaciones de estos productos todavía están lejos de los incrementos de dos dígitos, los analistas advierten de que el impacto podría llegar progresivamente a los supermercados.
La pérdida de capacidad económica se produce, además, cuando numerosos hogares todavía no se han recuperado de las anteriores crisis de precios. Un análisis de Euroconsumers indica que alrededor de dos de cada cinco familias españolas tienen dificultades para comprar carne u otras fuentes de proteínas, mientras que más de una cuarta parte encuentra problemas para adquirir productos básicos. En cuanto al suministro energético, el 28% de los hogares declaraba dificultades para pagar sus facturas incluso antes del último encarecimiento asociado a la guerra en Oriente Próximo.
El repunte inflacionario también está ralentizando la negociación de los convenios laborales. Hasta antes del verano, el ritmo de firma de nuevos acuerdos era similar al del año anterior y afectaba a cerca de tres millones de trabajadores. Sin embargo, desde la vuelta de las vacaciones, las negociaciones han perdido impulso, ya que las partes muestran mayores dificultades para acordar incrementos salariales en un contexto de precios al alza. Javier Pacheco anticipa, por ello, una desaceleración en el registro de nuevos convenios.
Los expertos advierten de que, si los salarios no se revisan para adaptarse a la evolución de los precios, la capacidad de compra de las familias seguirá deteriorándose, especialmente entre los hogares con menores ingresos. El Fondo Monetario Internacional también ha alertado de los riesgos que entraña una inflación persistente, que podría mantener elevados los tipos de interés y frenar el crecimiento de la renta real. Esta combinación aumentaría el esfuerzo necesario para atender las deudas de las familias más vulnerables, que disponen de menos recursos líquidos para afrontar nuevos gastos imprevistos.