(El País, 24-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La banca española reclama al Gobierno que tome medidas ante la actual crisis de vivienda, centrándose especialmente en el programa de avales públicos para jóvenes que buscan comprar su primera casa. Diversas entidades financieras -incluidas las principales asociaciones del sector, la Asociación Española de Banca (AEB) y la CECA- han trasladado tanto al Instituto de Crédito Oficial (ICO) como al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sus quejas y propuestas. Consideran que el programa, diseñado para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda, no está funcionando como se esperaba y piden ajustes en su regulación, entre ellos que el aval se conceda antes de firmar la hipoteca y que se simplifiquen los trámites administrativos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó esta medida el año pasado como una de sus iniciativas clave para afrontar el problema del acceso a la vivienda. Se trata de una línea de avales por 2.500 millones de euros, destinada a menores de 35 años y familias con hijos, con el fin de eliminar el principal obstáculo para comprar una vivienda: la falta del 20% del valor del inmueble que los bancos no financian. El Estado, a través del ICO, garantiza ese 20% para que los compradores puedan obtener un préstamo hipotecario sin que ello incremente el riesgo para las entidades financieras. En total, 67 bancos se adhirieron al programa mediante convenios con el ICO.
Sin embargo, desde su puesta en marcha, el plan ha recibido críticas y escasos resultados. Expertos ya advertían que los avales podrían impulsar aún más los precios en lugar de mejorar el acceso. Un año después, los datos confirman su escasa eficacia: hasta el 30 de septiembre, el ICO solo había avalado 7.886 operaciones por un valor total de 189 millones de euros, es decir, menos del 10% del presupuesto disponible. Además, la vigencia del programa expira el 31 de diciembre, aunque podría prorrogarse hasta 2027.
Ante este bajo nivel de ejecución, los bancos han planteado propuestas concretas para mejorar el funcionamiento del plan. La principal es que el ICO apruebe el aval antes de formalizar la hipoteca, de modo que pueda tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos de las entidades. En la situación actual, el aval se tramita después de concedido el préstamo, lo que -según la banca- anula el efecto práctico de la garantía estatal. También reclaman menos burocracia para que los procedimientos sean más ágiles y eficientes.
El ICO, por su parte, defiende que los criterios de este programa son los mismos que en anteriores líneas de avales y sostiene que las entidades pueden considerar el aval público siempre que los solicitantes cumplan los requisitos, incluso si el trámite se realiza posteriormente.
Este tipo de garantías públicas no es nuevo: el Gobierno las ha empleado en otras crisis, como durante la pandemia de la covid-19, cuando se movilizaron más de 100.000 millones de euros para sostener el crédito empresarial. También se han utilizado en respuesta a catástrofes naturales, la guerra en Ucrania o los aranceles de Estados Unidos. No obstante, en todos esos casos los avales se destinaron a empresas, mientras que los actuales son los únicos dirigidos a particulares, algo que la banca pide que el ICO tenga en cuenta para adaptar los procedimientos a esta realidad.
Todo esto ocurre en un contexto de tensión creciente en el mercado inmobiliario. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en el segundo trimestre de 2025 el precio medio de la vivienda libre subió un 10,4% interanual, alcanzando los 2.093,5 euros por metro cuadrado, el nivel más alto desde 2008. Además, en el primer semestre del año se firmaron 243.257 hipotecas, un 25% más que en el mismo periodo de 2024, la cifra más elevada desde 2011.