(Expansión, 23-10-2026) | Fiscal
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cumplido una de sus principales promesas electorales con la aprobación de la Ley de Defensa del Contribuyente, destinada a simplificar los trámites tributarios y reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos. La iniciativa, anunciada antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, ha recibido este jueves el respaldo definitivo de la Asamblea de Madrid, con los votos favorables del PP y Vox y el rechazo de los partidos de izquierda.
La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y se limitará a los tributos cedidos por el Estado. Su ámbito de aplicación comprende los impuestos sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, además de las tasas relacionadas con el juego.
Entre las principales novedades figura la fijación de un plazo máximo de tres meses para que la Hacienda autonómica responda a las solicitudes de los ciudadanos. Asimismo, la ley refuerza la atención a las reclamaciones mediante la creación de una nueva Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituirá al actual Defensor del Contribuyente y contará con mayores recursos técnicos y plazos de respuesta definidos.
Este organismo dispondrá de 15 días hábiles para contestar a las quejas relacionadas con demoras injustificadas, problemas con los servicios electrónicos o un trato inadecuado por parte de la Administración tributaria.
El texto incorpora también medidas de cortesía institucional. Entre ellas, establece que la Administración regional deberá pedir disculpas cuando una sentencia firme determine que se han vulnerado los derechos de un contribuyente. Del mismo modo, tendrá que agradecer la colaboración de los ciudadanos cuando una inspección concluya sin regularizaciones ni sanciones, según ha explicado el Gobierno madrileño.
La ley pretende garantizar que los derechos de los contribuyentes se traduzcan en una protección efectiva en sus relaciones con la Administración. Para ello, contempla la posibilidad de obtener respuestas por escrito y con carácter vinculante a las consultas tributarias, con el objetivo de aportar mayor certeza sobre la aplicación de la normativa.
Además, la Hacienda autonómica ofrecerá gratuitamente la elaboración de autoliquidaciones a quienes lo soliciten y prestará asistencia durante los trámites de presentación y pago de los impuestos. Los ciudadanos también podrán acceder a la información de sus expedientes a través de la Oficina Virtual Tributaria y de una carpeta fiscal personalizada.