(Cinco Días, 20-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La banca española está cerrando filas ante los profundos cambios que se avecinan en el sistema financiero europeo. Tras el movimiento del banco italiano Unicredit, que ha reactivado el debate sobre las fusiones transfronterizas con su oferta sobre el alemán Commerzbank, y ha generado inquietud en las entidades del norte de Europa, la Asociación Española de Banca (AEB) ha presentado a la Comisión Europea un amplio documento con propuestas para reformar la regulación del sector.
En este informe, al que han tenido acceso fuentes financieras, una de las principales demandas es reactivar el proyecto de unión bancaria, que lleva más de diez años bloqueado por las diferencias entre países del norte y del sur de Europa.
La iniciativa coincide con una consulta pública lanzada por la Comisión Europea en febrero para recoger la opinión del sector financiero, en un intento de simplificar la normativa bancaria, en línea con las reformas impulsadas en Reino Unido y Estados Unidos. En este proceso, tanto los grandes bancos como las patronales del sector -la AEB y la CECA- han coordinado sus planteamientos, aunque han presentado respuestas por separado.
El documento de la AEB, de más de cien páginas, analiza los retos del sector y propone diversas medidas. Entre ellas, destaca la necesidad de avanzar en la unión bancaria mediante la creación de un fondo europeo común de garantía de depósitos, que sustituya a los sistemas nacionales. También plantea facilitar la movilidad de capital y liquidez entre países y culminar el desarrollo de un mercado único de capitales.
Este proyecto de unión bancaria surgió tras la crisis financiera con tres pilares fundamentales. El primero fue el establecimiento de un supervisor único, función asumida por el Banco Central Europeo a través del Mecanismo Único de Supervisión. El segundo fue la creación del mecanismo único de resolución en 2016, que establece cómo actuar ante la quiebra de un banco y evita recurrir a fondos públicos, como ocurrió en la resolución del Banco Popular en 2017.
El tercer elemento, la creación de un fondo común de garantía de depósitos, es el que sigue sin concretarse debido a la oposición de algunos países del norte, que rechazan compartir riesgos con otras economías. Sin embargo, el contexto ha cambiado y ahora son los bancos del sur, tras su reestructuración, los que tienen mayor capacidad de expansión.
Entidades como Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter consideran clave completar este proceso para ganar tamaño y poder competir en igualdad de condiciones con los grandes bancos internacionales, especialmente los estadounidenses. No obstante, reconocen que las reticencias políticas persistirán y que las negociaciones serán complejas, aunque ven una oportunidad para avanzar a medio y largo plazo. En este sentido, el Banco Central Europeo ya ha mostrado su apoyo a retomar el debate.
Otro de los puntos centrales del documento es la regulación del capital. Aunque los bancos no cuestionan los requisitos actuales, sí critican la acumulación de exigencias por parte de distintos organismos supervisores, como el BCE, la Autoridad Bancaria Europea o los bancos centrales nacionales. Reclaman mayor claridad y estabilidad en los criterios, así como garantías de que no se incrementarán de forma continua los niveles exigidos.
Asimismo, proponen mejorar la coordinación entre las múltiples autoridades implicadas -más de una veintena, según el sector- mediante un enfoque conjunto que permita una visión global de las necesidades de capital.
Por último, la banca también plantea ampliar el mandato del Banco Central Europeo para que, además de velar por la estabilidad financiera, tenga en cuenta el crecimiento y la competitividad del sector, siguiendo el ejemplo del Reino Unido. También pide que la normativa se articule preferentemente mediante reglamentos -de aplicación directa- en lugar de directivas, y que se evalúe con mayor rigor el impacto de las nuevas regulaciones.