(Expansión, 06-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo
Los continuos cambios legislativos y la creciente complejidad del marco regulatorio han situado la seguridad jurídica entre las principales preocupaciones de las empresas españolas. El próximo Gobierno tendrá entre sus principales desafíos la creación de un entorno normativo estable y previsible que permita fortalecer la confianza de las compañías y de los inversores.
Para Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, alcanzar este objetivo requiere contar con unas reglas "claras, estables y previsibles", además de reforzar la fortaleza y la independencia de las instituciones. Una opinión compartida por Eduardo Soler Tappa, socio director de Herbert Smith Freehills Kramer en España, quien considera necesario avanzar hacia un marco regulatorio competitivo que reduzca la carga administrativa y favorezca la inversión, especialmente en sectores estratégicos como la energía, las infraestructuras y la economía digital.
José María Michavila, exministro de Justicia y socio cofundador de Michavila Acebes Abogados, vincula la seguridad jurídica con el cumplimiento de la Constitución y reclama recuperar la cultura del consenso. A su juicio, es necesario que la actividad legislativa vuelva a apoyarse en el Parlamento y se reduzca el recurso al real decreto-ley, de manera que las normas sirvan para solucionar problemas y no para alimentar la confrontación política.
Desde el ámbito jurídico también se reclama una mayor estabilidad legislativa y un uso más limitado de los reales decretos-leyes. Cristina Camarero, socia directora de Ontier, advierte de que la incertidumbre normativa tiene efectos directos sobre empresas y ciudadanos, al traducirse en litigios que podrían evitarse y en decisiones de inversión que terminan aplazándose. En su opinión, unas normas consensuadas y con vocación de permanencia son fundamentales para garantizar seguridad jurídica.
Otro de los desafíos será completar la adaptación de la legislación española a las exigencias procedentes de la Unión Europea. Javier Fontcuberta, consejero delegado de Cuatrecasas, considera que la transposición de las directivas comunitarias pendientes y la puesta en marcha de nuevas reformas serán determinantes para avanzar en los objetivos de la Brújula de la Competitividad, especialmente en ámbitos como la innovación, la transición energética, la autonomía estratégica europea y la seguridad jurídica. España mantiene actualmente 101 directivas pendientes de transponer, de las que 50 ya han superado el plazo establecido.
Ignacio Hornedo, socio director de A&O Shearman, apunta además a sectores como la eficiencia energética, la inteligencia artificial, los servicios financieros y las infraestructuras como áreas en las que esta adaptación tendrá especial relevancia. Considera que España dispone de una posición sólida para continuar atrayendo inversión extranjera, aunque para aprovecharla será necesario garantizar un marco jurídico estable, previsible y basado en el respeto al Estado de derecho.
Entre las cuestiones que también deberá abordar el próximo Gobierno destaca el acceso a la vivienda. Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca, considera prioritario impulsar la construcción de viviendas dirigidas especialmente a los jóvenes y a las personas con menos recursos. Para ello, reclama condiciones que permitan atraer a los inversores, con garantías para la propiedad y la seguridad jurídica, además de una simplificación de los procedimientos administrativos. A su juicio, las medidas imprevisibles o de carácter confiscatorio pueden contribuir a reducir todavía más la oferta disponible.
Rosa Vidal, socia directora de Broseta, coincide en la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda mediante instrumentos de financiación adecuados, una mayor colaboración entre las administraciones y el sector privado y una mayor disponibilidad de suelo, junto con medidas de liberalización que permitan incrementar la oferta.
La inmigración y el reto demográfico también ocuparán un lugar destacado en la próxima legislatura. Pérez-Llorca defiende una inmigración ordenada y vinculada a las necesidades de la economía española, ante la dificultad para mantener el sistema con las actuales tasas de natalidad. En su opinión, el objetivo debe ser atraer perfiles que contribuyan a elevar la productividad y combinar el crecimiento demográfico con un incremento de la inversión y de la productividad. Para ello, vuelve a considerar esencial disponer de un marco jurídico que facilite la llegada de capital privado.
En materia de Defensa y Seguridad, el nuevo Ejecutivo tendrá que afrontar los compromisos adquiridos por España, especialmente los relacionados con las inversiones y las capacidades que exige la OTAN, según señala Rosa Vidal.
En el ámbito laboral, Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy, sitúa entre las prioridades el refuerzo de las políticas activas de empleo para favorecer un mercado laboral más dinámico mediante la formación y una mejor adaptación a las necesidades de las empresas. En el terreno normativo, plantea simplificar y actualizar la legislación para adaptarla a los cambios económicos y sociales, así como conceder un mayor protagonismo a la negociación colectiva y reducir el peso de la regulación legal y reglamentaria cuando esta no resulte necesaria para garantizar el equilibrio entre trabajadores y empresas.
Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, reclama además recuperar la integración de Trabajo y Seguridad Social en un único ministerio, al considerar negativa la experiencia de su separación. También pide abordar el absentismo como una cuestión de Estado y defiende que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social puedan participar en la tramitación de las altas en los procesos de incapacidad temporal, siempre con las correspondientes garantías para los trabajadores.
Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), su decano, Eugenio Ribón, reclama que el colectivo profesional tenga una mayor participación en la elaboración de las normas. Considera que los abogados, por su contacto diario con la aplicación de la legislación, pueden detectar anticipadamente problemas, contribuir a mejorar las leyes y favorecer una regulación más eficaz y una mejor Administración de Justicia.
Precisamente, el funcionamiento de la Justicia figura también entre las preocupaciones del sector. Michavila reclama preservar la independencia judicial y la neutralidad de los órganos e instituciones del Estado, además de garantizar la aprobación anual de los Presupuestos Generales del Estado. También plantea una reforma de la legislación electoral para evitar, en su opinión, situaciones en las que un Gobierno pueda depender del apoyo de formaciones minoritarias tras unas elecciones.