(El País, 02-03-2026) | Laboral
Para muchos jóvenes, las prácticas en empresas se asocian a condiciones precarias: horarios excesivos, poca supervisión, tareas mal definidas y gastos que no se compensan. Con el fin de corregir parte de estas situaciones, el Ministerio de Trabajo impulsó el llamado estatuto del becario, un anteproyecto con escasas opciones de aprobarse en el Congreso de los Diputados debido a la mayoría conservadora. Paralelamente, y sin necesidad de tramitación parlamentaria, el Ministerio de Juventud e Infancia pone en marcha una medida adicional: el "Buzón de las Becarias", un canal para que estudiantes en prácticas denuncien de forma anónima posibles abusos laborales.
Según el departamento dirigido por Sira Rego, este sistema permitirá comunicar irregularidades como prácticas sin relación con los estudios, sustitución encubierta de trabajadores, realización de funciones propias de la plantilla, ausencia de tutoría o encargos ajenos al carácter formativo. Aunque ya es posible acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la iniciativa busca sacar a la luz casos que de otro modo no se denunciarían. El Instituto de la Juventud recopilará las comunicaciones y las trasladará a la Inspección para su investigación. El buzón, disponible online desde este lunes, será presentado por Rego junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Datos de la Encuesta de Juventud de 2023 indican que el 42% de los jóvenes afirma haber sufrido algún tipo de explotación laboral, aunque estas situaciones rara vez llegan a denuncias formales. En 2024, la Inspección realizó 802 actuaciones para detectar falsos becarios, lo que permitió regularizar 187 puestos de trabajo -132 correspondientes a estudiantes- y reclamar 457.000 euros en cotizaciones a la Seguridad Social.
La presentación coincide con la inminente aprobación en segunda lectura del estatuto del becario por el Consejo de Ministros, paso previo a su debate parlamentario, donde se prevé un fuerte rechazo de partidos como Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya, además de dudas entre otros aliados del Ejecutivo. Aunque cuenta con el apoyo sindical, las organizaciones empresariales no lo respaldan.
El texto plantea reducir a un máximo de 480 horas las prácticas extracurriculares -la mitad que actualmente-, introducir sanciones de hasta 225.000 euros por infracciones graves y obligar a las empresas a cubrir gastos como el transporte. Esta compensación no se aplicaría a quienes ya perciben una remuneración. Sin embargo, no se establece la obligación general de pagar a los becarios, una demanda habitual de sectores políticos y sindicales de izquierda que finalmente quedó fuera del acuerdo.
La CRUE valoró positivamente la compensación de gastos, pero advirtió sobre el riesgo de que empresas y entidades públicas no asuman esos costes. Su presidenta, Eva Alcón, expresó preocupación por la viabilidad económica de las medidas si no existe corresponsabilidad entre todos los actores implicados, motivo por el cual la organización mantiene su rechazo al estatuto.