(El País, 26-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Ministerio de Justicia envió el pasado lunes un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para forzar un pronunciamiento sobre la huelga de jueces convocada para los días 1, 2 y 3 de julio, en protesta por las reformas legislativas en el ámbito judicial que impulsa el Gobierno. En dicho documento, al que accedió El País, el departamento dirigido por Félix Bolaños solicita al Consejo que aclare si mantiene la posición adoptada en 2009, cuando, bajo la presidencia de Carlos Dívar, el pleno concluyó que la ley no reconoce el derecho de huelga a jueces y magistrados y declaró por tanto como no convocada una protesta impulsada por varias asociaciones judiciales.
En la misiva, Justicia también pide al CGPJ que actúe para garantizar que se descuente el sueldo correspondiente a los jueces que participen en la huelga. La presidenta del órgano judicial, Isabel Perelló, ha convocado un pleno extraordinario este jueves con el objetivo de consensuar una posición común. La convocatoria del paro proviene de cinco asociaciones de jueces y fiscales -todas salvo las de tendencia progresista- y tiene como motivo dos reformas impulsadas por el Ejecutivo: una sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal y otra que modifica el estatuto de la Fiscalía, en línea con la futura ley que otorgará a los fiscales la instrucción de las causas penales.
La cuestión sobre si los jueces tienen o no derecho a hacer huelga lleva semanas generando debate en el Consejo, pero la carta enviada por el Ministerio ha obligado a que se pronuncien al respecto. En el seno del CGPJ existen posiciones enfrentadas: el bloque progresista considera que los jueces, como parte de un poder del Estado, no pueden ejercer el derecho a huelga, mientras que el sector conservador defiende que sí pueden hacerlo, al ser un derecho constitucional que solo puede limitarse mediante ley, y en este caso no existe tal restricción.
A pesar de estas diferencias, ambos sectores coinciden en un aspecto: el CGPJ no tiene competencias para decidir si los jueces pueden ir a la huelga ni para fijar servicios mínimos, algo necesario en huelgas que afectan a servicios esenciales. De confirmarse este consenso, el Consejo entraría en conflicto con el Ministerio de Justicia, que en su carta advierte que, si se considera que la huelga es legal, el CGPJ deberá comunicar los servicios mínimos correspondientes.
Otro aspecto que genera dudas es el descuento salarial a los jueces que secunden la huelga. Aunque Justicia -que gestiona las nóminas del personal judicial y fiscal- realizó descuentos por primera vez en 2018 a quienes participaron en un paro, una sentencia posterior de la Audiencia Nacional obligó a devolver los importes al considerar que el Ministerio no tenía potestad para controlar la asistencia de los jueces ni para aplicar deducciones, ya que esa función corresponde al CGPJ.
Según fuentes de las asociaciones convocantes, aquella sentencia no implica que esta vez la huelga no tenga consecuencias económicas, ya que la Audiencia anuló el descuento por una cuestión de forma, no de fondo: el Ministerio no solicitó al CGPJ la verificación de la participación de los jueces en la huelga.
Actualmente, sigue sin resolverse cómo aplicar la deducción proporcional del salario, ya que, según fuentes del bloque conservador, ni el Ministerio ni el Consejo tienen competencias para hacerlo, dado que el derecho a huelga de los jueces no está regulado por ley. En su interpretación, los jueces tienen derecho a la huelga precisamente porque no hay norma que lo prohíba, pero no existe un marco legal que permita descontar sus sueldos por ejercerlo.
A pesar de esta ambigüedad, Justicia deja claro en su escrito que no permitirá que la huelga se realice sin consecuencias económicas. El documento, firmado por la directora general para el servicio público de Justicia, Verónica Ollé, solicita al CGPJ que adopte medidas para aplicar el descuento salarial, sin importar cuál sea su postura sobre la legalidad de la huelga. En caso de que el Consejo avale el derecho de los jueces a secundar el paro, se le exige que remita diariamente antes de las 14:00 un listado con los nombres de quienes lo hayan hecho, con el fin de aplicar la correspondiente deducción. Y si por el contrario considera que los jueces no tienen derecho a huelga, deberá adoptar las medidas necesarias para que igualmente se practiquen las detracciones, advirtiendo de que, de no hacerlo, tanto el CGPJ como el propio Ministerio podrían incurrir en responsabilidades por pagar con fondos públicos a funcionarios que han dejado de prestar servicio sin causa justificada.