(El Economista, 05-06-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Cinco jueces y cuatro fiscales de Barcelona han hecho público un manifiesto en el que llaman a sus colegas a apoyar una posible huelga si el Gobierno no retira el proyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal, así como el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En dicho documento expresan su preocupación por lo que consideran un serio retroceso en la independencia del poder judicial y en la separación de poderes. Afirman que estas reformas contradicen tanto el marco jurídico europeo como la Constitución española, al facilitar que personas sin la preparación adecuada puedan ser nombradas jueces o fiscales por criterios políticos, en perjuicio de quienes acceden por oposición.
Subrayan que "la única vía para evitar esta situación es la retirada de las propuestas legislativas", y que la huelga se presenta como "el último recurso legítimo" para defender la independencia judicial. Por ello, hacen un llamamiento a todos los miembros de la carrera judicial, fiscal y a los letrados de la Administración de Justicia para que respalden el manifiesto y se sumen a la movilización. El texto ha sido difundido en la red social X a través del perfil '@Huelga2025', creado en mayo con el fin de promover una movilización conjunta del sector contra las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Uno de los cambios propuestos en la normativa es la modificación del acceso al conocido como "cuarto turno", que permite a juristas con más de cinco años de experiencia optar a plazas de jueces y fiscales. Actualmente, este sistema requiere superar tres pruebas -una tipo test y dos orales que abarcan un temario extenso de 329 temas- además de completar dos años de formación en la Escuela Judicial.
La reforma pretende eliminar una de las pruebas orales, que cubre 144 temas, e incorporar un dictamen escrito de evaluación más subjetiva. También plantea reconocer de forma automática cinco años de antigüedad a los aspirantes que accedan por esta vía y que su formación quede bajo control del Gobierno mediante el Centro de Estudios Jurídicos. Según los firmantes, estas medidas supondrán una merma en la preparación de jueces y fiscales y permitirán una mayor injerencia política en la composición del poder judicial, socavando la separación de poderes.
Otro aspecto cuestionado es la conversión en fijos de más de 1.000 jueces y fiscales sustitutos actuales, mediante un concurso-oposición que se convocará dos meses después de la entrada en vigor de la ley. Los autores del manifiesto critican que estas personas ya cuentan con otras vías de acceso a la carrera, como el cuarto turno, y rechazan la regularización automática.
Finalmente, en cuanto al anteproyecto de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, alertan de que otorga más poder al Fiscal General del Estado, debilita el papel del Consejo Fiscal y reduce las garantías de los fiscales en cuestiones clave como el reparto de casos, la disciplina interna o la resolución de conflictos. Según indican, la norma pone en peligro la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal.