(El Economista, 02-09-2024) | Fiscal
El calendario no favorece a María Jesús Montero y su equipo. La Constitución establece que el Gobierno debe presentar el proyecto de ley de Presupuestos al Congreso de los Diputados "al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior". Antes de eso, la vicepresidenta debe someter nuevamente al Pleno la senda de estabilidad que servirá de base para los Presupuestos, después de no haber logrado aprobarla en julio. Está previsto que Montero presente en septiembre la misma propuesta que fracasó hace más de un mes, tras la inesperada decisión de Junts de no apoyar la iniciativa, frustrando los planes de Moncloa.
Todo dependerá de los apoyos que Sánchez consiga en las próximas semanas. El desafío es considerable. El presidente necesita asegurar el respaldo de todos los grupos que formaron el bloque de investidura, incluido el de los diputados de Carles Puigdemont, que ya han adelantado algunas de sus condiciones. Si logra ese apoyo, y con la senda aprobada por el Congreso, comenzará una compleja negociación marcada por los tiempos. Fuentes del Ministerio de Hacienda admiten que el éxito de los Presupuestos dependerá de la "rapidez en la tramitación parlamentaria". Para ello, es crucial que las conversaciones con los partidos más difíciles, como Junts, ERC o Podemos, no se prolonguen demasiado.
Los postconvergentes rompieron su silencio el jueves pasado. El diputado Isidre Gavín aprovechó una comparecencia de Óscar Puente en el Congreso para plantear la primera exigencia de su grupo para apoyar los Presupuestos: un aumento de la inversión estatal en la red de Cercanías de Cataluña, aunque aún no han especificado la cantidad que solicitan. Se espera que Junts presente al Gobierno una lista de demandas, tanto económicas como políticas, a cambio de su respaldo.
En el caso de ERC, el partido liderado por Marta Rovira prepara una nueva serie de condiciones tras el acuerdo con el PSC que facilitó la investidura de Salvador Illa. Ese pacto incluyó el compromiso de desarrollar una financiación "singular" para Cataluña, que Hacienda no interpreta como un "concierto económico", aunque los republicanos lo defienden de esa manera. La vicepresidenta deberá explicar los detalles de este acuerdo en una comparecencia en el Senado solicitada por el Partido Popular este miércoles.
A esto se suma el deterioro de la relación entre el PSOE y Podemos. La semana pasada, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, advirtió que los socialistas no cumplirán el acuerdo firmado con ERC. "El Partido Socialista no tiene ninguna intención de cumplir lo que prometió. Creo que, una vez más, incumplirán sus promesas, engañando para conseguir la investidura de Illa, algo absolutamente inaceptable", dijo Belarra. Además, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, anticipó el final de la legislatura "progresista", dando por hecho que el Gobierno se verá obligado a prorrogar los Presupuestos de 2023 por segundo año consecutivo. Aun así, Podemos pone dos condiciones para negociar unos nuevos Presupuestos: no apoyarán un texto que incluya un aumento del gasto en Defensa, y no permitirán que el proyecto oculte "ni un solo recorte".
Otros grupos minoritarios, como Coalición Canaria o el BNG, centran su atención en la financiación autonómica tras el pacto con Cataluña. La portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, no descarta apoyar los Presupuestos, pero reconoce que el acuerdo con ERC ha generado malestar entre otras formaciones de las que Sánchez necesitará el respaldo. Por su parte, la portavoz del BNG, Ana Pontón, ya ha advertido que exigirá a Montero un compromiso para mejorar la financiación de Galicia, acercándola a la de Cataluña o el País Vasco.