(Expansión, 19-12-2025) | Fiscal
La adenda al Plan de Recuperación contempla un compromiso para reducir los beneficios fiscales en un importe equivalente a 0,1 puntos del PIB, con el fin de reforzar los ingresos públicos durante el primer semestre de 2026. En este marco, el Ministerio de Hacienda ha acordado con la Comisión Europea promover una subida de la carga fiscal cercana a los 1.650 millones de euros en ese periodo. Así lo recoge el documento aprobado el miércoles por Bruselas, que redefine los hitos que España debe cumplir para acceder a los fondos aún pendientes del programa Next Generation.
De forma concreta, la adenda fija que en el segundo trimestre de 2026 entrará en vigor una reforma legal destinada a suprimir o modificar determinados incentivos fiscales, con el objetivo de "incrementar de manera permanente la recaudación en 0,1 puntos porcentuales del PIB", es decir, los citados 1.650 millones.
La base de esta iniciativa son los informes de evaluación de beneficios fiscales elaborados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). En ellos se analizan alrededor de quince posibles cambios en exenciones y tipos reducidos para mejorar la eficiencia del sistema tributario. Los denominados spending reviews de la Airef plantean, entre otras opciones, recortar deducciones por I+D+i o por donaciones en el Impuesto de Sociedades; limitar reducciones en el IRPF vinculadas a la tributación conjunta, los rendimientos del trabajo, el alquiler de vivienda o las aportaciones a planes de previsión social; eliminar la exención del IVA en sectores como los servicios financieros, la sanidad o la educación; o revisar los tipos reducidos del 4% y el 10%. En total, la Airef ha estudiado el 60% de los beneficios fiscales vigentes, que suponen 34.248 millones de euros.
Entre las alternativas figura también la equiparación fiscal del diésel con la gasolina, un compromiso adicional que España mantiene con la UE. Esta medida, que el Gobierno no ha logrado sacar adelante por falta de apoyos parlamentarios, no ha podido eliminarse del Plan de Recuperación mediante la última adenda. De hecho, la Comisión Europea ya ha retenido 460 millones de euros a España por su incumplimiento, y el país dispone solo hasta finales de enero para evitar perder definitivamente esos fondos, tras una prórroga de seis meses concedida por Bruselas. La equiparación supondría un encarecimiento de unos 10 céntimos por litro del gasóleo, con la excepción del transporte profesional.
La reducción de los beneficios fiscales para aumentar la recaudación no es una exigencia nueva: forma parte de los compromisos reiterados de España con la Comisión Europea y ya estaba incluida en el Plan Fiscal Estructural a medio plazo diseñado para sanear las finanzas públicas y ajustarse a las reglas fiscales comunitarias.
Sin embargo, al igual que ocurre con la subida del impuesto al diésel, el Ejecutivo afronta serias dificultades para cumplir esta promesa. La fragilidad parlamentaria del Gobierno de coalición se ha intensificado en las últimas semanas tras el anuncio de Junts de romper con Pedro Sánchez mientras no se cumplan todos los acuerdos alcanzados, lo que hace poco probable que el independentismo catalán facilite una subida de impuestos. Desde Hacienda se limitan a señalar que se intentará cumplir el compromiso en la primera mitad de 2026.
Pese a la firmeza de la Comisión Europea en exigir el cumplimiento de los compromisos fiscales, la aprobación de la adenda al Plan de Recuperación supone un alivio significativo para desbloquear los fondos pendientes: 27.000 millones en subvenciones y 6.700 millones en préstamos en condiciones favorables. En la práctica, la Comisión exime al Gobierno español de aprobar 17 reformas con rango de ley que habrían tenido difícil encaje parlamentario, entre ellas la Ley de Industria, la del Suelo, la del Cine, la de modernización de la pesca, la de universalidad del sistema sanitario o la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
Este nuevo marco permitirá a España solicitar en enero un sexto desembolso de 7.300 millones de euros y recibir el resto a finales de año, con el objetivo de percibir casi la totalidad de los cerca de 80.000 millones en ayudas directas y 22.800 millones en créditos blandos, tras haber renunciado a otros 60.000 millones.