(Expansión, 18-09-2024) | Fiscal
El Gobierno está trabajando para que las criptomonedas dejen de ser una posible vía de escape para los morosos. Ayer, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que adapta la directiva europea DAC8, con el objetivo de reforzar la supervisión y control sobre el dinero electrónico. Esta nueva normativa impondrá mayores requisitos de información a los proveedores de criptoactivos y permitirá a Hacienda embargar las criptomonedas de los contribuyentes con deudas pendientes.
El anteproyecto, que fue aprobado en primera instancia por el Consejo de Ministros, forma parte de la transposición de la Directiva europea sobre cooperación administrativa en materia fiscal. Una de las principales novedades del texto, según el Ministerio de Hacienda, es el reconocimiento explícito de las criptomonedas como bienes susceptibles de embargo, junto con los bienes y derechos depositados en entidades de pago y de dinero electrónico.
Desde el Ministerio de Hacienda explican que estos embargos funcionarán de manera similar a los embargos de otros bienes: "se emite una orden de embargo y se limita la disposición de esos activos hasta cubrir la deuda". La medida responde a la rápida evolución de los servicios bancarios y de pago, así como al uso de tecnologías relacionadas con los criptoactivos, según explicó el Ministerio, dirigido por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
La iniciativa requerirá modificar la Ley General Tributaria, entre otros cambios legislativos. Tras el periodo de consultas públicas, el Consejo de Ministros remitirá el texto al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.
Asimismo, la norma busca adaptar las obligaciones de información sobre criptomonedas en el extranjero y sobre los saldos asociados a ellas, sustituyendo el término "moneda virtual" por el más amplio de "criptoactivo". Además, establecerá nuevas obligaciones de información y diligencia para los proveedores de servicios en este sector, que afectarán tanto a usuarios residentes como no residentes en España.
Hacienda destacó que la transposición de la DAC8 permitirá a España situarse a la vanguardia en Europa en este ámbito. La implementación de esta normativa constituirá el marco regulatorio necesario para cumplir con las obligaciones de asistencia mutua con otros países de la Unión Europea, reforzando el intercambio de información internacional como un "instrumento clave" en la lucha contra el fraude y en la promoción de la transparencia fiscal.