(El Economista, 28-06-2024) | Fiscal
El Ministerio de Hacienda introducirá en el debate sobre la reforma de la financiación autonómica una propuesta para armonizar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, estableciendo un tipo mínimo común para todas las comunidades autónomas. María Jesús Montero tiene previsto convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo mes de julio, donde podría presentar esta medida que el PSOE ha defendido durante mucho tiempo. "Cuando se convoque y se vean los puntos del orden del día se verá", comentan fuentes del ministerio.
No obstante, la tensión entre los líderes del PP y el Gobierno, exacerbada por la propuesta de financiación especial para Cataluña, podría retrasar la discusión, impidiendo que muchas comunidades autónomas puedan bonificar el impuesto por completo. Doce regiones, diez de ellas de régimen común, han eliminado este impuesto entre parientes cercanos. Entre ellas están bastiones del PP como Madrid, Galicia, Murcia y Castilla y León, cuyo presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha prometido una oposición "frontal" a la iniciativa de Montero. Otras regiones prefieren no adelantar su postura hasta que no se convoque oficialmente la reunión.
La idea lleva tiempo en discusión e incluso se ha planteado elevarla a nivel europeo y global. Varios organismos internacionales y estudios oficiales apoyan la continuidad del impuesto. En 2021, la OCDE recomendó "reducir las exenciones y desgravaciones fiscales" en este impuesto, ya que "no tienen una justificación sólida y tienden a ser regresivas". Esta postura fue respaldada por el comité de expertos que elaboró el Libro Blanco de la reforma fiscal, que hace dos años sugirió mantener el tributo y realizar reformas sustanciales en sus principales elementos, como el aumento de su mínimo exento o la reducción de sus tipos impositivos.
La Fundación Alternativas, cercana al PSOE, se posicionó en mayo a favor de la armonización, argumentando que las reducciones y bonificaciones establecidas por la mayoría de las comunidades autónomas han dejado este impuesto como un gravamen prácticamente residual. El comité liderado por el catedrático Ruiz-Huerta aboga por "una tributación mínima en ambos impuestos, siguiendo el ejemplo del reciente Impuesto sobre Grandes Fortunas".
No es el único documento que respalda la medida. Hacienda podría incluirla en el conjunto de propuestas que presentará a Bruselas como parte de una reforma fiscal por partes para optar al pago completo del quinto desembolso de los fondos europeos. El Observatorio Fiscal de la UE reconoció recientemente el "importante papel" de los impuestos a la herencia, argumentando que los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones existentes tienen múltiples lagunas que protegen a una fracción significativa de los patrimonios más grandes, según el catedrático Gabriel Zucman de la Universidad de California en Berkeley.
En el ámbito político, el PSOE defendió la imposición de un tipo mínimo del impuesto en su programa electoral para las elecciones europeas del 9 de junio. El documento de propuestas de Teresa Ribera para el Parlamento Europeo plantea fortalecer y armonizar los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio en toda la Unión Europea, trasladando el acuerdo sobre el tipo mínimo del 15% alcanzado para el Impuesto de Sociedades a estos tributos.
No obstante, la propuesta enfrentará la oposición "frontal" de los líderes del PP y el rechazo anunciado de los representantes de Feijóo en las Cortes. El líder del PP ha definido una postura común respecto al tributo cedido, pidiendo su eliminación mediante una proposición de ley aprobada en enero en el Senado gracias a su mayoría absoluta, argumentando que este impuesto "no llega al 1% de los ingresos tributarios". Los populares defienden que el carácter 'residual' de la figura, fomentado por sus líderes regionales, "no supone ningún perjuicio insoportable para la recaudación global".
El asunto se encuentra ahora en el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite un recurso del Gobierno contra la norma del PP. El Ejecutivo argumenta que esta propuesta va en contra del artículo 136.6 de la Constitución, que estipula que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". Actualmente, el Estado recauda 2.800 millones de euros al año por este impuesto, el 1% de la recaudación total. Los contribuyentes que más pagan por este tributo son los de Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias y Cataluña.