(Expansión, 12-01-2026) | Fiscal
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anticipa que el futuro proyecto de ley de financiación autonómica podría incorporar la fijación de umbrales mínimos de tributación en los impuestos autonómicos sobre herencias y donaciones, siguiendo el precedente ya establecido en el Impuesto sobre el Patrimonio.
El Ejecutivo pretende aprovechar la revisión del sistema de financiación territorial para introducir, por vía legal, límites a lo que denomina "dumping fiscal", es decir, a la competencia impositiva entre comunidades autónomas, especialmente en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Así lo explicó Montero este viernes durante la comparecencia en la que presentó la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica. Según señaló, la finalidad es evitar que determinados tributos queden prácticamente vacíos de contenido y reforzar la corresponsabilidad fiscal de todas las comunidades.
La ministra recordó que el Gobierno ya intervino en el pasado para frenar la práctica de algunas regiones, como Madrid o Andalucía, que habían neutralizado en la práctica el Impuesto sobre el Patrimonio mediante bonificaciones del 100 %. Esa actuación se materializó en la creación del Impuesto sobre las Grandes Fortunas, que garantiza una recaudación mínima allí donde no se exigía el tributo. A juicio de Montero, ese mismo enfoque podría trasladarse ahora a otras figuras impositivas, como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, lo que también abriría la puerta a aplicar medidas similares en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
La titular de Hacienda admitió que existen comunidades con mayor capacidad fiscal que rechazan la imposición de límites a esta competencia tributaria, en una alusión directa a Madrid, una de las regiones que más se vería afectada. Sin embargo, subrayó que resulta difícil justificar que territorios con menor capacidad recaudatoria opten por reducir o eliminar impuestos a las rentas más altas y, al mismo tiempo, reclamen mayores recursos al Estado. Según Montero, estas comunidades acaban viéndose empujadas por las decisiones fiscales de la región más rica para no perder atractivo, una dinámica que, en su opinión, "es necesario frenar".
En este sentido, explicó que la intención es abordar la cuestión de manera similar a lo ya hecho con el Impuesto sobre el Patrimonio. El planteamiento deberá debatirse con las comunidades autónomas y, en principio, integrarse en el proyecto de ley orgánica de financiación. Entre las alternativas sobre la mesa figura que el Estado fije un nivel mínimo de tributación en estos impuestos o que se establezcan límites legales a las rebajas fiscales que pueden aprobar los territorios. En cualquier caso, concluyó, el objetivo es introducir topes y mecanismos que eviten el vaciamiento de las figuras tributarias autonómicas.