(El Confidencial, 27-04-2026) | Fiscal
España ha sido uno de los países de la Unión Europea que más ha logrado reducir su déficit público en los últimos años, pero esa tendencia parece estar perdiendo fuerza. El Ministerio de Hacienda ha comunicado a Bruselas que la disminución del déficit se ralentizará y se mantendrá en torno al 2,1% del PIB. En términos absolutos, incluso aumentará ligeramente hasta los 36.955 millones de euros, unos 175 millones más que el año anterior.
Esta información forma parte del informe semestral que los Estados miembros deben remitir a la Comisión Europea dentro del marco presupuestario común. Tras varios años de ajustes intensos, el Gobierno prevé que en 2026 ese ritmo se detenga. Entre 2021 y 2025, España redujo el déficit a un promedio de 1,5 puntos del PIB al año, más del doble que la media europea. Sin embargo, este ejercicio no registrará mejoras si se excluye el impacto extraordinario de la DANA.
En 2025, el déficit se redujo en 0,8 puntos del PIB, o en un punto completo sin contar el coste de las inundaciones. No obstante, el dato de 2024 estuvo condicionado por la imputación de unos 6.500 millones de euros en devoluciones derivadas de sentencias judiciales, lo que facilitó el ajuste posterior. De cara a 2026, el Estado ya no afrontará el gasto asociado a la DANA ni parte de las medidas adoptadas por la crisis comercial con Estados Unidos.
A cambio, deberá asumir nuevos costes relacionados con la situación en Oriente Medio. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, las primeras medidas adoptadas supondrán un gasto equivalente al 0,3% del PIB. Este organismo incluso prevé que el déficit aumente hasta el 2,6%, lo que podría poner en riesgo el superávit primario alcanzado el año anterior.
Este freno en la reducción del déficit contrasta con el buen comportamiento de la economía y la inflación. El Ejecutivo estima un crecimiento nominal del PIB del 4,3%, lo que favorecerá la recaudación. De hecho, los ingresos públicos podrían alcanzar el 46,1% del PIB, su nivel más alto desde 2022, con un crecimiento del 8,6% en el arranque del año.
Sin embargo, el aumento de los ingresos no basta para compensar el fuerte incremento del gasto, en un contexto además marcado por el ciclo preelectoral en distintas administraciones, que suele impulsar el desembolso público. La AIReF advierte de que España podría incumplir las reglas fiscales tanto europeas como nacionales. Uno de los factores que explican esta situación es el mayor coste de los intereses de la deuda, que se situarán en torno a los 42.000 millones de euros, unos 1.700 millones más que el año anterior. Aun así, en proporción al PIB se mantendrán estables gracias al crecimiento económico.
El Gobierno también prevé incrementar la inversión pública hasta los 51.700 millones de euros, lo que supone 2.100 millones más que en 2025, aunque su peso sobre el PIB se mantendrá sin cambios debido al crecimiento de la economía. En paralelo, la reducción de la deuda pública también se ralentizará. Según las previsiones remitidas a Bruselas, apenas bajará del 100,6% al 100,3% del PIB, una caída mucho menor que la registrada el año anterior.
En conjunto, pese al crecimiento económico y al aumento de la recaudación, el Ejecutivo anticipa un estancamiento en la reducción del déficit. Esto contrasta con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, que exigen limitar el crecimiento del gasto. Aunque el objetivo era situarlo en el 3,5%, la AIReF calcula que alcanzará el 5,9%.
El propio plan fiscal del Gobierno contemplaba una moderación progresiva del gasto a lo largo del tiempo, pero en la práctica está ocurriendo lo contrario. Según la AIReF, el gasto crecerá este año más que en 2025, lo que refleja las dificultades para aplicar ajustes en la fase final de la legislatura.