(El Periódico, 07-09-2026) | Fiscal
El Gobierno ha superado el primer obstáculo para sacar adelante un nuevo modelo de financiación autonómica. El Consejo de Política Fiscal y Financiera dio ayer su respaldo a la propuesta elaborada por el Ministerio de Hacienda y pactada inicialmente con ERC, cuyo origen se encuentra en el acuerdo que permitió la investidura de Salvador Illa en Catalunya. El actual sistema lleva vigente desde 2009 y acumula ya doce años de prórroga, en un contexto económico y demográfico muy diferente al de entonces.
El siguiente paso será mucho más complicado: la tramitación en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo necesitará negociar con Junts para intentar reunir los apoyos necesarios. La reforma plantea incrementar en 21.000 millones de euros los recursos destinados a las comunidades autónomas, aunque deja fuera una de las principales reivindicaciones de Catalunya: la cesión completa del IRPF, una posibilidad que Hacienda no contempla.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió tras la reunión la aprobación de una propuesta inicialmente impulsada por María Jesús Montero y señaló que deberá ser ratificada por el Consejo de Ministros en las próximas semanas antes de llegar al Parlamento. España calificó el acuerdo como positivo para el país y para la financiación de los servicios públicos y apeló a buscar un equilibrio en el reparto de los recursos. Su objetivo es que el nuevo sistema pueda comenzar a aplicarse el 1 de enero de 2027.
La votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se desarrolló, en buena medida, según las previsiones. La propuesta recibió el respaldo de Catalunya y Canarias, esta última gobernada por Coalición Canaria y con el PP en el Ejecutivo de coalición, aunque su consejera de Hacienda no asistió al encuentro. Hacienda controla la mitad de los votos del órgano de coordinación financiera, por lo que la aprobación de su propuesta estaba garantizada.
Todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP rechazaron el modelo, pese a que la reforma contempla un aumento de recursos para el conjunto de los territorios. Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Murcia y La Rioja votaron en contra. También lo hicieron Ceuta y Melilla. Madrid, que había pedido que se boicoteara la reunión, no acudió y dejó vacante su representación.
Las comunidades populares justificaron su rechazo argumentando que el modelo había sido negociado previamente con ERC y que, por tanto, se trataba de una reforma impuesta al resto de territorios. Desde Hacienda respondieron recordando que el PP también alcanzó en el pasado acuerdos económicos relevantes con la antigua CiU de Jordi Pujol.
La oposición al proyecto no se limitó a las autonomías gobernadas por el PP. Castilla-La Mancha y Asturias, ambas presididas por dirigentes socialistas, también votaron en contra de la propuesta planteada por el Gobierno. En conjunto, el modelo fue rechazado por el 87% de los territorios representados.
La Generalitat, en cambio, valoró muy positivamente el resultado. La consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, destacó la satisfacción de Catalunya por el avance hacia un nuevo sistema de financiación que, según defendió, llevaba años reclamando. El nuevo modelo supondría para las finanzas catalanas una aportación adicional cercana a los 4.700 millones de euros, recursos que permitirían reforzar la financiación de los servicios públicos.
Arcadi España cuestionó que algunas comunidades con problemas reconocidos de infrafinanciación, como la Comunidad Valenciana o Murcia, hubieran votado contra la reforma. Uno de los objetivos de Hacienda era precisamente conseguir que el bloque autonómico del PP se dividiera, algo que finalmente no ocurrió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El ministro también criticó algunas de las alternativas planteadas por las comunidades populares porque, a su juicio, podían beneficiar a unos territorios en detrimento de otros. Como ejemplo citó una propuesta de Andalucía sobre el cálculo de la población ajustada, que incorpora factores como la despoblación o el envejecimiento y que, según Hacienda, habría perjudicado a Castilla y León.
El proyecto afronta ahora su principal prueba con la negociación parlamentaria y, especialmente, con Junts. La formación de Carles Puigdemont reclama avanzar hacia un modelo de concierto económico para Catalunya. Su portavoz económico en el Congreso, Josep Maria Cruset, ya anticipó que Junts presentará una enmienda a la totalidad cuando la reforma llegue a la Cámara. A su juicio, la propuesta de Hacienda confirma que no habrá una financiación singular ni capacidad de Catalunya para controlar sus recursos fiscales y supone mantener el principio de un modelo común para todas las comunidades.
Junts ya ha negociado anteriormente con Hacienda acuerdos relevantes, entre ellos el paquete fiscal de diciembre de 2024, que se desbloqueó tras las conversaciones entre Puigdemont y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, la relación entre ambas partes atraviesa actualmente un momento más complicado. Hacienda tampoco contempla entregar a Catalunya la gestión integral del IRPF. Arcadi España rechazó expresamente esa posibilidad y defendió, en cambio, un sistema de gestión compartida y coordinada del impuesto. El ministro sí mostró disposición a estudiar las enmiendas que puedan presentar los grupos durante la tramitación parlamentaria.
El actual sistema de financiación autonómica fue aprobado en 2009 sin ningún voto en contra. En aquel momento, el Gobierno estaba presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y Elena Salgado ocupaba la vicepresidencia segunda y el Ministerio de Economía y Hacienda. En Catalunya, el conseller de Economía era Antoni Castells. El Ejecutivo consiguió entonces el respaldo de las comunidades gobernadas por el PSOE, además de Cantabria, gobernada conjuntamente por PRC y PSOE, y Canarias, en manos de CC y PP. Las comunidades gobernadas por el PP optaron por abstenerse siguiendo las instrucciones del entonces presidente del partido y líder de la oposición, Mariano Rajoy. Desde entonces, el modelo ha permanecido vigente pese a que su periodo de aplicación terminó hace doce años.