(El País, 26-03-2026) | Fiscal
El Ministerio de Hacienda está preparando una modificación técnica en el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas con el fin de corregir una desigualdad fiscal que perjudicaba a los contribuyentes no residentes. Esta situación procedía del diseño original del tributo, heredado del impuesto sobre el patrimonio, en el que el límite de la cuota -un mecanismo que evita que la carga fiscal sobre el patrimonio resulte desproporcionada en relación con la renta- solo se aplicaba a los residentes. No obstante, recientes resoluciones judiciales han considerado discriminatorio excluir a los no residentes, lo que ha obligado a adaptar la normativa.
Tras una sentencia del Tribunal Supremo a finales del año pasado y el posterior cambio de criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Hacienda ya modificó el impuesto sobre el patrimonio para eliminar esta diferencia de trato. Ahora, extiende esa corrección al impuesto estatal que grava patrimonios superiores a tres millones de euros, tal y como recoge el documento publicado en el trámite de audiencia pública por el equipo dirigido por María Jesús Montero.
Con este cambio, tanto los contribuyentes residentes como aquellos no residentes con bienes en España podrán beneficiarse del límite de la cuota en sus liquidaciones, tanto en el impuesto sobre el patrimonio como en el de grandes fortunas. Esta medida busca garantizar la igualdad de trato y, al mismo tiempo, reforzar la seguridad jurídica del impuesto, cuya continuidad también tiene implicaciones en la financiación autonómica.
El impuesto de solidaridad de las grandes fortunas actúa como complemento del impuesto sobre el patrimonio, aunque con una diferencia clave: la recaudación no se transfiere a las comunidades autónomas, sino que se ingresa directamente en las arcas del Estado. De este modo, se pretende evitar que regiones que aplican bonificaciones totales eludan la tributación de los grandes patrimonios.
Este tributo se creó en 2022 con carácter temporal, con el objetivo de mejorar la equidad fiscal y contrarrestar las ventajas fiscales aplicadas por algunas comunidades, que habían reducido considerablemente el alcance del impuesto sobre el patrimonio. Sus efectos ya se hicieron notar en 2023, cuando varias autonomías reactivaron este impuesto para evitar que sus contribuyentes más ricos tributaran únicamente al Estado, lo que impulsó la recaudación un 58%, hasta alcanzar los 1.970 millones de euros.
Con la reforma planteada, Hacienda pretende consolidar estos resultados y evitar que posibles discriminaciones por residencia comprometan la viabilidad del impuesto. La medida, que estará abierta a alegaciones hasta el 20 de abril, se aplicará a partir del ejercicio 2025, cuya campaña de declaración comenzará en julio de 2026, permitiendo que todos los contribuyentes afectados puedan acogerse al límite de la cuota íntegra.