(El Confidencial, 10-04-2026) | Fiscal
Las dificultades surgidas en la aplicación de la tasa de basuras, evidenciadas tras recientes sentencias judiciales, han reactivado el debate sobre su posible eliminación. El municipio de Alcorcón, con más de 175.000 habitantes y gobernado por una coalición liderada por el PSOE junto a Más Madrid y Ganar Alcorcón, ha sido uno de los primeros en plantear abiertamente esta opción, estudiando incluso suspender o suprimir el impuesto, aunque el contexto legal lo complica. Desde el Ministerio de Hacienda recuerdan que su implantación es obligatoria y advierten de que incumplirla podría acarrear sanciones y la pérdida de acceso a fondos europeos.
Tras un año en vigor, el impuesto ha generado numerosos problemas para las administraciones, con miles de reclamaciones -solo en Madrid se han registrado 130.000- y varias resoluciones judiciales en contra, como en León o en la capital, donde se declaró nulo por completo. No obstante, estos fallos se basan en aspectos formales y no cuestionan directamente el fondo del tributo, por lo que no justifican su retirada en otros municipios.
Hacienda se remite al marco normativo elaborado antes de la entrada en vigor de la tasa, en el que se advierte de que su eliminación podría derivar en sanciones de la Unión Europea por incumplir los objetivos en materia de gestión de residuos. En ese caso, las multas recaerían sobre las administraciones responsables, incluidas las entidades locales que no apliquen correctamente el sistema. Además, el incumplimiento de esta obligación podría impedir a los ayuntamientos acceder a fondos europeos, como los del programa Next Generation, al tratarse de un requisito vinculado a la financiación comunitaria.
En Madrid y León, los tribunales han anulado el impuesto por defectos en su aplicación. En el caso de la capital, se consideró que los ciudadanos no tuvieron acceso suficiente a la información necesaria para entender y recurrir la tasa, especialmente en lo relativo a su cálculo, que combina una parte fija basada en el valor catastral y otra variable ligada a la generación de residuos. En León, la anulación se debió a la falta de justificación y proporcionalidad en los criterios utilizados para determinar la cuota. Ambos ayuntamientos han anunciado que estudian recurrir estas decisiones.
Estas resoluciones han influido en la postura de Alcorcón. Su alcaldesa, Candelaria Testa, anunció a finales de marzo que había pedido a su equipo analizar la viabilidad de suspender el impuesto, con el objetivo de reducir la presión fiscal sobre vecinos y comercios, además de aportar mayor seguridad jurídica. El rechazo a esta tasa no es nuevo ni aislado. El año anterior, varios municipios mostraron su oposición, calificando el impuesto de injusto y excesivo, e incluso amenazaron con no aplicarlo. Algunos gobiernos locales responsabilizaron al Ejecutivo central y señalaron que la normativa europea no obligaba expresamente a implantar este tipo de tributo.
Leganés, gobernado por el Partido Popular, encabezó este movimiento, mientras que Vox también lo utilizó como eje de su discurso político a nivel nacional, llegando a afirmar que había conseguido retrasar su aplicación. Sin embargo, desde los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, impulsores de la medida a través de la ley de 2022, se reiteró que no existe margen para aplazar ni suspender su entrada en vigor.