(El País, 07-11-2026) | Fiscal
El Gobierno prevé modificar nuevamente el IRPF para garantizar que los trabajadores que perciban el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) continúen sin tributar por este impuesto. Según ha adelantado un portavoz del Ministerio de Hacienda, la intención es incrementar la deducción que actualmente se aplica en el impuesto y que beneficia, sobre todo, a los empleados solteros y sin hijos, que no pueden acogerse a otras ventajas fiscales. La desgravación, que en estos momentos se sitúa en torno a los 590 euros, pasaría a alcanzar aproximadamente los 1.030 euros anuales.
A partir de 2027, el salario mínimo aumentará desde los 17.094 euros brutos anuales actuales hasta los 18.004 euros, distribuidos en 14 pagas. Si Hacienda no introduce el ajuste previsto, que algunas fuentes sitúan antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los trabajadores afectados tendrían que soportar una factura fiscal cercana a los 600 euros anuales, descontada de sus nóminas mediante las retenciones practicadas por las empresas.
El Ministerio de Trabajo anunció este jueves una subida del 5,3% del SMI para 2027. El plazo para presentar observaciones a la propuesta finaliza el 16 de noviembre, por lo que el Ejecutivo podría aprobar la nueva cuantía en el Consejo de Ministros del día 17 o, alternativamente, en el del 24 de noviembre. Ambos son los últimos encuentros ordinarios del Gobierno antes de la convocatoria electoral. Una vez aprobado el incremento salarial, Hacienda pretende trasladar la modificación tributaria al Congreso, donde deberá ser examinada por la Diputación Permanente o por las nuevas Cortes, si ya estuvieran constituidas.
La fórmula de incrementar la deducción del IRPF no es nueva. Durante años, las subidas del salario mínimo estuvieron acompañadas de modificaciones fiscales destinadas a mantener exentos de tributación los ingresos correspondientes a ese nivel salarial. Esta práctica se rompió en 2025, cuando una parte de los perceptores del SMI, especialmente los trabajadores solteros y sin hijos, comenzó a pagar IRPF por primera vez. La carga fiscal rondaba entonces los 340 euros anuales. Para compensarla, Hacienda estableció una deducción equivalente que los afectados podían recuperar al presentar la declaración de la renta del ejercicio siguiente. El mismo procedimiento se mantuvo un año después y el Gobierno prevé volver a utilizarlo en 2027.
Según los cálculos de Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, un trabajador que en 2026 percibe el salario mínimo de 17.094 euros brutos anuales aporta 1.111 euros a la Seguridad Social, por lo que sus rendimientos netos se sitúan en 15.983 euros. Sobre esta cantidad se aplica una reducción por rendimientos del trabajo de 5.323 euros, además de 2.000 euros en concepto de gastos deducibles. De este modo, la base queda fijada en 8.660 euros. Una vez descontado el mínimo personal de 5.550 euros y aplicados los tipos correspondientes, un empleado soltero y sin hijos tendría que pagar 591 euros anuales de IRPF. Esta cantidad se ingresa a través de las retenciones mensuales de su nómina y puede recuperarse posteriormente mediante la deducción prevista por Hacienda.
La situación cambiaría en 2027 con el nuevo salario mínimo de 18.004 euros. En ese caso, las cotizaciones a la Seguridad Social ascenderían a 1.174 euros y los rendimientos netos alcanzarían los 16.830 euros. A esta cifra habría que restarle 3.840 euros por la reducción por rendimientos del trabajo, cuyo importe disminuye a medida que aumentan los ingresos, y otros 2.000 euros de gastos deducibles. La base resultante sería de 10.990 euros y la cuota del IRPF se elevaría hasta aproximadamente 1.034 euros.
Fernández señala que, si Hacienda mantuviera la deducción actual, esta se reduciría hasta los 409 euros, ya que se minoraría en 20 céntimos por cada euro de salario que excediese los 17.094 euros. En consecuencia, el trabajador acabaría soportando más de 600 euros anuales de impuestos. Para evitarlo y conseguir que el incremento del SMI se traslade íntegramente al salario neto, la deducción tendría que elevarse hasta unos 1.030 euros.
Varios especialistas consideran que recurrir a modificaciones fiscales cada vez que aumenta el salario mínimo no constituye una solución adecuada. El presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez, defiende la implantación de un sistema de actualización automática que evite tener que introducir ajustes tributarios anualmente. A su juicio, si el objetivo es que los perceptores del SMI no paguen IRPF, sería preferible evitar directamente las retenciones en sus nóminas, en lugar de obligarlos a presentar la declaración de la renta para recuperar posteriormente el dinero mediante una deducción.
Los sindicatos también han cuestionado este jueves la decisión de recurrir cada año a una nueva ventaja fiscal para mantener la exención del salario mínimo, en lugar de establecer una solución permanente. CC OO y UGT reclaman conjuntamente una modificación legislativa que asegure que las subidas del SMI se reflejen íntegramente en los ingresos netos de los trabajadores. Ambas organizaciones consideran que no resulta razonable depender de medidas temporales ni permitir que una parte de las mejoras salariales desaparezca como consecuencia de la tributación. Asimismo, reclaman una regulación estable que impida que los sucesivos incrementos del salario mínimo provoquen tipos impositivos desproporcionados, tanto para quienes cobran el SMI como para los empleados cuyos salarios se sitúan ligeramente por encima.
La posición sindical sobre la tributación del salario mínimo ha ido evolucionando en los últimos años. Las organizaciones han planteado en distintas ocasiones que el SMI debería comenzar a contribuir al IRPF, teniendo en cuenta el creciente número de trabajadores que perciben esta retribución, estimado en unos 2,5 millones, y el incremento acumulado del 66% desde 2018. Consideran que la existencia de un colectivo tan numeroso al margen de este impuesto tiene consecuencias para los ingresos públicos. No obstante, defienden que cualquier modificación debe integrarse en una reforma fiscal más amplia, que contemple también una mayor aportación de las rentas más elevadas. UGT sostiene que los tipos marginales del IRPF pueden penalizar excesivamente a quienes comienzan a tributar con salarios reducidos, una preocupación que también comparte CC OO.
La posibilidad de que el salario mínimo tribute por su creciente peso en el mercado laboral también ha sido defendida anteriormente desde el Ministerio de Hacienda. El pasado año, el Ministerio de Trabajo, partidario de mantener la exención, abrió la puerta a esta alternativa al solicitar a los expertos encargados de proponer la subida salarial que contemplasen un escenario en el que los perceptores del SMI tuvieran que pagar IRPF. Esta circunstancia elevaba necesariamente la cuantía necesaria para compensar la carga fiscal. En ese supuesto, los expertos plantearon para 2027 un incremento del 11%, hasta situar el salario mínimo en 18.981 euros brutos anuales.
La cuestión también ha adquirido protagonismo en el debate político. La semana pasada, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó en una entrevista en la Cadena SER que el Gobierno había obtenido un beneficio económico de las subidas del salario mínimo porque, a su juicio, la Administración era quien más dinero terminaba recaudando de los trabajadores. Cuando el entrevistador le recordó que el SMI estaba exento de IRPF, Feijóo respondió que esa exención existía anteriormente. El ministro de Hacienda, Arcadi España, contestó a través de la red social X recordando que el Ejecutivo lleva cuatro años reduciendo la carga del IRPF para las rentas más bajas y adoptando medidas para garantizar que los perceptores del salario mínimo no tengan que tributar.