(La Vanguardia, 19-11-2025) | Fiscal
El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a un techo de gasto estatal de 212.000 millones de euros. Esto supone un aumento del 8,5% y ofrece al Gobierno un amplio margen para negociar con las distintas fuerzas políticas los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Para 2025, el límite de gasto había crecido un 3,2%, de modo que, pese a que el avance nominal de la economía es menor que el estimado hace un año, el incremento aprobado ahora casi triplica al anterior.
La clave para lograrlo es la elevada previsión de recaudación de impuestos que también baraja el Gobierno. En este sentido, Montero estimó que el ejercicio 2025 acabará arrojando "unos ingresos tributarios por encima de los 325.000 millones", lo que implicaría un incremento del 10,3% respecto a los 295.000 de 2024, y más de 30.000 millones de recursos adicionales. A partir de ahí, detalló, la previsión de Hacienda es que en el año 2026 la recaudación se eleve otro 8,5%, lo que supondría rondar los 353.000 millones, casi 28.000 millones extra respecto a 2025.
Una cuantía que se alcanzaría "sin ningún tipo de actuación" ni de "medidas adicionales en materia fiscal o nuevas figuras impositivas". Es decir, sin subir impuestos, por pura inercia, gracias al efecto del crecimiento económico (del 2,9% este año y el 2,2% en 2026, según las nuevas previsiones económicas del Gobierno), de la renuncia de Hacienda a deflactar el IRPF con la evolución de precios y salarios, y de la última reforma fiscal, que según Montero aún se está "estrenando" y que incluye palancas "tributarias que tienen todavía capacidad de rendimiento" por delante.
Aunque el Gobierno tiene pendientes compromisos con Bruselas como la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, la titular de Hacienda admitió que el Gobierno renuncia a impulsar nuevas medidas fiscales dada "la dificultad que tenemos para acometer reformas de este tipo en el Congreso de los Diputados".
A partir de esta previsión de ingresos y gastos, el Gobierno aprobó ayer una nueva senda fiscal que pasa por reducir el déficit desde el 2,5% del PIB previsto para 2025 al 2,1% en 2026, el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028. El grueso del ajuste recaería en la Administración General del Estado, que debe rebajar su agujero fiscal al 1,8%, el 1,5% y el 1,4%, respectivamente. A su vez, las autonomías mantendrían de margen una décima de déficit anual todo el periodo; la Seguridad Social, dos décimas iniciales, a reducir a una en 2028, mientras los ayuntamientos deberán tener equilibrio presupuestario.
Este nuevo límite de gasto permite al Estado disponer de 16.600 millones adicionales respecto al techo fijado para 2025 (que sigue siendo válido aunque no hubiera nuevas cuentas). A esto se suman los 4.200 millones restantes procedentes de las transferencias de los fondos europeos.
Con este planteamiento, Hacienda propone un aumento sustancial del gasto para intentar atraer el apoyo de los grupos parlamentarios. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió que se trata de "unos presupuestos atractivos, capaces de ampliar derechos y consolidar las políticas del Estado del bienestar". "Serán expansivos y responsables", insistió, confiando en que susciten el respaldo de otras formaciones.
Las cifras también contemplan una transferencia adicional de 23.000 millones de euros a la Seguridad Social para seguir compensando el déficit contributivo del sistema de pensiones. Es la misma cuantía que la asignada el año pasado, motivo por el cual el organismo no reducirá su déficit en 2026. El objetivo fijado para la Seguridad Social se mantiene en un 0,2%, igual que en el ejercicio actual. El grueso del incremento del techo de gasto se reserva, por tanto, para políticas que gestionará directamente la Administración Central.
Además, el Consejo de Ministros aprobó la nueva senda de estabilidad presupuestaria, que deberá ser refrendada por el Congreso. Como ya se planteó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del lunes, se propone un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas, una meta que el Parlamento rechazó el año pasado con el voto negativo de Junts. Para 2026, el déficit previsto del Estado será del 1,8% y el de la Seguridad Social del 0,2%, mientras que los ayuntamientos deberán mantener equilibrio presupuestario hasta 2028.
El fuerte ritmo de crecimiento de los ingresos públicos, impulsado por la actividad económica y la inflación, permitirá seguir reduciendo el déficit en los próximos ejercicios. Hacienda confirma que el déficit se situará en el 2,5% del PIB este año, bajará al 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y llegará al 1,6% en 2028. Si las previsiones se cumplen, España alcanzará este año su primer superávit primario (antes del pago de intereses de la deuda) desde 2007.