(El Economista, 07-07-2026) | Laboral
El Gobierno y las organizaciones sindicales han alcanzado un acuerdo para actualizar el complemento de residencia que perciben los empleados públicos de la Administración General del Estado destinados en Baleares. La mejora supondrá incrementos salariales de entre 105 y 697 euros mensuales, dependiendo del grupo profesional y de la isla en la que desempeñen su trabajo.
El objetivo de esta medida es compensar el mayor coste de la vida que soportan estos trabajadores, así como las dificultades derivadas de la insularidad, entre ellas el acceso a la vivienda y los mayores costes de desplazamiento. El Ejecutivo se ha comprometido a tramitar la modificación normativa en un plazo máximo de seis meses, incluyendo también la actualización de los importes vinculados a la antigüedad cuando formen parte del complemento.
El acuerdo beneficiará a 11.176 empleados públicos de la Administración del Estado. En Mallorca, el complemento de residencia experimentará una subida media del 100%. Los funcionarios del grupo A1 pasarán de percibir 115,01 a 214,61 euros mensuales; los del grupo A2 cobrarán 175,40 euros frente a los 92,50 actuales; los pertenecientes al grupo C1 verán incrementado el complemento de 80,51 a 144,60 euros; los del grupo C2 pasarán de 53,39 a 119,20 euros; y el personal de la agrupación profesional elevará esta percepción desde 49,48 hasta 105,31 euros al mes.
En Menorca, Ibiza y Formentera, la actualización será mucho más significativa, con un incremento medio superior al 300%. En estos territorios, los empleados del grupo A1 percibirán 697,60 euros mensuales, frente a los 127,33 actuales; los del grupo A2 pasarán de 110,99 a 502,30 euros; los funcionarios del grupo C1 verán aumentar el complemento de 101,42 a 405,10 euros; los del grupo C2 lo elevarán de 68,60 a 297,90 euros; mientras que el personal de la agrupación profesional pasará de 68,03 a 263,17 euros mensuales.
Los sindicatos han subrayado que esta actualización es independiente de la negociación prevista para revisar los complementos de residencia en otros territorios con especiales dificultades derivadas de su ubicación geográfica. En este sentido, reclaman que mejoras similares se extiendan a los empleados públicos destinados en Canarias, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán, una negociación que, según lo previsto en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, deberá concluir antes de finalizar 2026.
Las organizaciones sindicales consideran que las particularidades geográficas de estos territorios dificultan la cobertura de numerosos puestos de trabajo en la Administración, debido al elevado coste de la vivienda y a otros factores asociados a la insularidad o al aislamiento. A su juicio, esta situación reduce el atractivo de estos destinos para los empleados públicos y favorece la salida de profesionales, lo que termina afectando a la calidad y continuidad de los servicios públicos.