(El Confidencial, 11-03-2026) | Fiscal
El Gobierno lleva varios días analizando posibles medidas, tanto de forma interna como junto a los agentes sociales, para mitigar el impacto de la crisis energética provocada por la guerra en Irán. En este contexto, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha expuesto por primera vez la posición del empresariado. Durante su intervención en la segunda edición del ESG Leaders Summit organizado por Deloitte con la colaboración de El Confidencial, señaló que las empresas no apoyan que se apliquen bonificaciones directas al consumo de gasolina, electricidad o gas. En su lugar, defienden que el Ejecutivo reduzca los impuestos sobre la energía para que el coste de las medidas lo asuma directamente la Administración.
Garamendi explicó que, según trasladan los propios gasolineros, las bonificaciones no son la mejor solución. A su juicio, el Estado debería tener margen para ajustar la fiscalidad de los combustibles y de la energía de modo que el consumidor perciba directamente la rebaja en el precio final. Considera que no es adecuado que se traslade a las empresas la responsabilidad de financiar temporalmente estas ayudas.
El dirigente empresarial sostiene que este tipo de medidas perjudica especialmente a las pequeñas estaciones de servicio, ya que se ven obligadas a adelantar el importe de los descuentos hasta que la Administración les devuelve posteriormente el dinero correspondiente, algo que puede generar tensiones de liquidez. Hace referencia al sistema aplicado en 2022 tras la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.
Entre abril y diciembre de aquel año, el Gobierno implantó un descuento de 20 céntimos por litro en gasolina y gasóleo. De esa cantidad, 15 céntimos corrían a cargo del Estado y los cinco restantes eran asumidos por las grandes petroleras. Las estaciones de servicio aplicaban la rebaja en el precio final y posteriormente solicitaban la compensación a Hacienda, lo que en algunos casos obligaba a adelantar el dinero durante un tiempo.
Aquella medida generó un intenso debate. Algunos estudios elaborados por centros académicos señalaron que la ayuda no se trasladó completamente a los consumidores, ya que parte del beneficio habría sido absorbido por el propio sector mediante subidas de precios o ampliación de márgenes. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia defendió una conclusión diferente basándose en datos previos a la aplicación de los descuentos. Años después, incluso persisten litigios judiciales relacionados con la posible presión sobre los márgenes de las estaciones de servicio de bajo coste por parte de Repsol durante ese periodo.
En cualquier caso, la patronal insiste en que las futuras medidas de apoyo no deberían basarse en subvenciones que obliguen a las empresas a adelantar recursos. Garamendi subrayó que no es razonable que el peso de estas políticas recaiga sobre el sector privado mientras la recaudación fiscal permanece intacta. El presidente de la organización empresarial indicó además que el diálogo con el Gobierno continúa abierto para intentar acordar medidas que ayuden a contener el impacto de la crisis energética y el posible repunte de la inflación. Por ahora, el Ejecutivo no ha presentado propuestas concretas y la CEOE asegura que está dispuesta a negociar con el objetivo de encontrar soluciones que permitan a empresas y consumidores afrontar la situación.
Garamendi también advirtió sobre la gran inestabilidad que están mostrando los precios del petróleo, especialmente tras las fuertes oscilaciones registradas el lunes. Esta situación preocupa especialmente a sectores como el transporte, la logística o la industria. En su opinión, si el precio del barril se mantiene de forma sostenida por encima de los 100 dólares, podría provocar una inflación superior al 3 % y obligar al Banco Central Europeo a plantearse nuevas subidas de los tipos de interés.