(El Economista, 18-06-2026) | Laboral
El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha intervenido este miércoles en la Asamblea General de la organización con un mensaje muy crítico hacia el contexto político en España, marcado por los escándalos judiciales. Ha reclamado "levantar las alfombras" ante unos casos de corrupción que ha calificado de "increíbles" y ha defendido con firmeza la separación de poderes, así como el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la justicia, denunciando lo que considera ataques a los jueces.
Durante su intervención, Garamendi ha advertido de que la actual inestabilidad institucional supone un obstáculo para el crecimiento económico y el empleo. En su opinión, este clima dificulta la toma de decisiones y la confianza empresarial, especialmente en un contexto en el que, según ha señalado, se encadenan escándalos políticos, se debilita el papel del Parlamento y se sustituyen debates por decisiones impuestas por vía legislativa. Ha añadido que la ciudadanía observa con preocupación la situación actual.
Preguntado por la posibilidad de un adelanto electoral, previsto en principio para 2027, el líder de la CEOE no ha querido pronunciarse de forma directa, aunque ha dejado entrever que el marco para resolver la situación política se encuentra en el Parlamento, aludiendo implícitamente a mecanismos como una posible moción de censura.
Garamendi ha centrado también buena parte de sus críticas en el Ministerio de Trabajo y en la vicepresidenta Yolanda Díaz, a quien ha acusado de interferir en la negociación con los agentes sociales. Según el presidente de la patronal, esta actitud estaría dificultando el acuerdo sobre el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), al generar inseguridad jurídica y alterar los espacios de diálogo con los sindicatos.
El dirigente empresarial ha asegurado que es complicado alcanzar acuerdos cuando no está claro si el Ministerio adoptará determinadas medidas por la vía reglamentaria, como las relativas a la compensación y absorción de complementos salariales o a la reforma del despido. En este último punto, ha defendido que la normativa española ya se ajusta a la doctrina del Tribunal Supremo y a la regulación europea, por lo que considera innecesario reabrir el debate.
En su intervención, Garamendi ha criticado lo que considera una intervención creciente del Gobierno en el ámbito de la negociación laboral, acusándolo de imponer decisiones sin suficiente diálogo social y de recurrir de forma reiterada a decretos ley y cambios normativos de urgencia. Según ha afirmado, desde finales de 2022 se han producido decenas de modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, lo que, a su juicio, ha generado un entorno de elevada presión regulatoria para las empresas.