(El Economista, 23-03-2026) | Laboral
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública mantiene hoy un nuevo encuentro con los sindicatos (UGT, CCOO, CSIF, ELA y CIG) para cerrar los últimos aspectos relacionados con la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE). El objetivo es que esta medida quede aprobada antes de que termine marzo. Según ha trascendido, el departamento que dirige Óscar López tiene marcado en su agenda este viernes como fecha clave, ya que el 27 de marzo podría producirse su aprobación definitiva en la Mesa General de la AGE. Las reuniones previstas para este lunes y el miércoles servirán para concretar quiénes podrán acogerse a esta reducción y en qué condiciones se aplicará dentro de la Administración central.
De acuerdo con la información disponible, algunos colectivos quedarán excluidos de esta jornada de 35 horas, como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el personal docente y sanitario de Melilla. En este último caso, será necesaria una normativa específica para aplicar la medida, lo que retrasará su entrada en vigor. Por otro lado, los sindicatos han logrado que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sí puedan beneficiarse de esta reducción.
Una vez que la propuesta supere la Comisión Permanente, será la Mesa General de la Administración General del Estado la encargada de darle el visto bueno definitivo. Posteriormente, los distintos ministerios y organismos públicos -como el SEPE, Tráfico, Justicia, la Agencia Tributaria, Instituciones Penitenciarias o las entidades de la Seguridad Social- deberán negociar cómo adaptar sus actuales jornadas de 37,5 horas semanales al nuevo límite de 35.
La recuperación de esta jornada está contemplada en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI (2022-2024), firmado por CCOO y UGT junto al Gobierno, entonces representado por la ministra de Función Pública, María Jesús Montero, actualmente vicepresidenta primera y titular de Hacienda.
Más de un año después de la finalización de ese acuerdo, el Ejecutivo aún tiene pendientes algunos compromisos, como esta reducción de jornada, la recuperación de la jubilación parcial de los funcionarios o la reclasificación profesional. No obstante, la implantación de las 35 horas era uno de los objetivos más sencillos de materializar, y el propio ministerio había previsto que entrara en vigor entre febrero y marzo. En paralelo, numerosos ayuntamientos ya llevan tiempo aplicando esta jornada reducida. Ciudades como Sevilla, Madrid, Santa Cruz de Tenerife o Cáceres funcionan desde hace años con semanas laborales de 35 horas.
En Barcelona, por ejemplo, se alcanzó en diciembre un preacuerdo para reducir la jornada de 37,5 a 35 horas dentro del convenio municipal, con vigencia entre 2025 y 2028. Este acuerdo se aplicará al personal con horarios ordinarios, mientras que quienes tengan turnos especiales recibirán compensaciones económicas por las horas extra.
En algunos municipios existen excepciones similares a las que ahora se plantean en la Administración central. En Sevilla, por ejemplo, la jornada general de 35 horas está en vigor desde 2017 -siempre que se cumplan los objetivos presupuestarios-, aunque determinados colectivos, como la Policía Local o los bomberos, mantienen jornadas de 37,5 horas debido a la naturaleza de su trabajo.