(El País, 06-11-2026) | Fiscal
Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 29 de noviembre, ha presentado este jueves un conjunto de propuestas fiscales dirigidas a gravar el patrimonio de las grandes fortunas, la acumulación de viviendas y los beneficios de las grandes empresas. Según las estimaciones de la formación, estas medidas permitirían obtener unos ingresos adicionales de 10.000 millones de euros anuales. Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y presentado por el exsecretario de Estado de Derechos Sociales Nacho Álvarez, la exalcaldesa de Barcelona también se ha pronunciado sobre la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Tras el accidente ferroviario de Urda, que causó 69 fallecidos la semana pasada, ha pedido dejar atrás el debate sobre responsabilidades y centrarse en las propuestas para ofrecer soluciones. «La gente que coge el tren quiere sentirse segura», ha afirmado.
La intervención de Colau ha girado en torno a la defensa de una fiscalidad más equitativa y del derecho a la vivienda. La primera iniciativa plantea establecer un impuesto anual sobre el patrimonio neto, con un tipo del 2% para las fortunas superiores a un millón de euros y del 3% para aquellas que superen los 50 millones. La cuota se reduciría en función de las cantidades satisfechas por los impuestos sobre el Patrimonio y las Grandes Fortunas, según han explicado fuentes de la formación. La medida no afectaría a los salarios ni a las pensiones.
Frente Amplio calcula que el nuevo gravamen alcanzaría a unas 231.000 personas, aproximadamente el 1% de quienes presentan la declaración de la renta, una cifra similar a la de los actuales contribuyentes del impuesto sobre el patrimonio. Las 1.200 mayores fortunas del país, con patrimonios superiores a 50 millones de euros, aportarían alrededor de un tercio de la recaudación prevista. De acuerdo con los cálculos de la formación, el 99% de la población quedaría excluido de este impuesto.
La candidata ha defendido que los beneficios empresariales deben revertir en el conjunto de la sociedad y contribuir a financiar servicios públicos. En este sentido, ha sostenido que el esfuerzo fiscal debe recaer principalmente en quienes disponen de mayores recursos, con el propósito de reforzar prestaciones como la educación y garantizar el acceso a una vivienda y unas condiciones de vida dignas. También ha criticado el poder que, a su juicio, pueden ejercer las grandes fortunas sobre las instituciones democráticas, y ha citado como ejemplo a multimillonarios como Elon Musk y su posible influencia en procesos electorales de otros países.
Colau ha recordado que la presión fiscal española se encuentra entre tres y cuatro puntos por debajo de la media europea y ha defendido que, si el objetivo es disponer de un Estado del bienestar equiparable al de los países del norte de Europa, también debería aproximarse su nivel de tributación. Su segunda propuesta consiste en elevar el tipo efectivo que pagan las grandes empresas y las entidades bancarias por sus beneficios. Según los datos expuestos por la candidata, estas compañías tributan actualmente a tipos de entre el 7% y el 9%, mientras que las pequeñas y medianas empresas soportan una carga aproximada del 19% o el 20%.
Para corregir esta diferencia, la formación plantea revisar las deducciones fiscales de las que se benefician los grandes grupos empresariales, entre ellas las relacionadas con la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. El objetivo sería aumentar la contribución efectiva de las grandes compañías y reducir las diferencias fiscales respecto a las pymes.
La tercera medida recupera la propuesta anunciada la semana anterior para gravar la acumulación de viviendas. El planteamiento contempla aplicar un impuesto del 10% sobre el valor de cada inmueble a partir de la cuarta vivienda, salvo que se destine al alquiler asequible y estable. Colau sostiene que la finalidad es favorecer la incorporación al mercado de alquiler residencial de unas 500.000 viviendas que actualmente se destinan a usos como el alquiler turístico o de temporada, o se ofrecen a precios que considera abusivos. Según ha explicado, la intención principal no es aumentar la recaudación, sino desincentivar las prácticas especulativas y evitar que resulte rentable mantener los inmuebles fuera del mercado de alquiler asequible.
Durante el acto, Nacho Álvarez, actualmente profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, ha repasado la evolución de los principales indicadores del mercado laboral durante la última década y ha destacado su mejora. No obstante, ha señalado que el crecimiento del empleo y de la riqueza no siempre se ha traducido en una distribución equitativa de la prosperidad. A su juicio, el principal desafío consiste ahora en conseguir que los avances económicos lleguen al conjunto de la sociedad. Álvarez ha considerado que Ada Colau puede desempeñar un papel relevante en ese objetivo y ha defendido que las próximas elecciones determinarán el modelo social que se desarrollará en España durante las próximas décadas.