(El País, 02-12-2025) | Laboral
La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) considera que el acuerdo salarial firmado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF -que establece una subida del 11% entre 2025 y 2028- constituye un "fraude de ley". Así lo afirmó este lunes la presidenta de la organización, Ana Ercoreca, quien sostiene que el pacto excede el periodo de la legislatura actual. "El compromiso abarca de 2025 a 2028, lo que implica un fraude de ley porque se proyecta más allá del mandato vigente", señaló también en su condición de presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
Según Ercoreca, el Ejecutivo solo debería comprometerse hasta 2027, año en que finaliza la legislatura. "Plantear medidas para 2028 cuando desconocemos cuál será el escenario político nos parece un fraude de ley. Debería contar con el aval del Congreso", añadió. El último acuerdo retributivo, firmado en 2022, se extendía hasta 2024, y también sobrepasaba el límite previsto para la legislatura que, en principio, concluía a finales de 2023. Pese a esta discrepancia sobre la duración del pacto, Fedeca valora de forma "positiva" las mejoras salariales, pero mantiene una crítica de fondo: lamenta que el acuerdo no se base en la inflación real, sino en una estimación futura de la evolución de los precios.
El pacto contempla un incremento total del 11% (o del 11,4% considerando el impacto en los complementos, según los cálculos sindicales). Para 2025 se aplicará una subida del 2,5%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. En enero de 2026, los sueldos aumentarán otro 1,5%, por lo que al comienzo del próximo año la subida acumulada alcanzará el 4% fijo. A ello se añade un 0,5% variable, condicionado a que el IPC de 2026 sea igual o superior al 1,5%. En caso de cumplirse esta condición, ese medio punto se abonará previsiblemente en el primer trimestre de 2027, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, y se descontará del incremento previsto para 2027, que será del 4,5% (o del 5% si no se adelanta ese 0,5% al año anterior). En 2028 se aplicará el 2% restante.
Para Ercoreca, esta subida "se diluirá" si no se calcula en función del IPC real. Es decir, Fedeca considera que los incrementos vinculados a la evolución prevista de los precios no compensarán posibles repuntes inesperados de la inflación. "Los aumentos anuales no tienen en cuenta el IPC real", criticó. Por ello, la federación propone un mecanismo similar al de la revalorización de las pensiones, basado en la inflación efectiva de cada ejercicio y no en proyecciones, como establece el acuerdo actual.
"Si las subidas no siguen el ritmo del IPC, no serán reales. Implicarán pérdida de poder adquisitivo. Hay que tener presente la volatilidad de los precios energéticos y el alto coste de la vivienda, que afecta especialmente a los jóvenes", subrayó Ercoreca. También remarcó las dificultades a las que se enfrentan los funcionarios cuando se trasladan a ciudades como Madrid o Barcelona, donde los precios inmobiliarios son más elevados. "Valoramos que haya una senda de incrementos, pero pedimos que estén vinculados a la inflación real", concluyó.
Por último, Ercoreca celebró que "se acorten los plazos de resolución de las ofertas de empleo público", ya que los retrasos prolongados generan, a su juicio, "ineficiencias" en la Administración.