(El Economista, 06-11-2026) | Laboral
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) alerta en un informe publicado este jueves de que la reforma de las pensiones aprobada entre 2021 y 2023 está generando una presión creciente sobre las cuentas públicas. Según sus conclusiones, el sistema funciona como un «cheque en blanco» que absorbe recursos que podrían destinarse a otras necesidades presupuestarias, entre ellas la inversión y el mantenimiento de las infraestructuras, cuyo deterioro atribuye, en parte, a la falta de financiación.
Los autores del estudio, los economistas Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García y Alfonso R. Sánchez Martín, cuestionan la estrategia del Gobierno de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social mediante transferencias procedentes del presupuesto del Estado. A su juicio, este mecanismo ofrece una imagen contable que no refleja el verdadero desequilibrio del sistema. De hecho, calculan que el déficit básico de la Seguridad Social Ampliada (SSA), antes de contabilizar esas aportaciones estatales, se situó en 2025 cerca de los 64.000 millones de euros, equivalente al 3,8% del PIB.
Las previsiones de Fedea también difieren de las estimaciones del Ejecutivo sobre la evolución del gasto en pensiones a largo plazo. Mientras el Gobierno calcula que el incremento del gasto neto será inferior a un punto del PIB hasta 2050, los modelos macroeconómicos de la fundación apuntan a que el déficit básico del sistema contributivo podría aumentar otros 2,3 puntos porcentuales. Esto obligaría al Estado a aportar recursos equivalentes a más de seis puntos del PIB anuales a mediados de siglo para garantizar la sostenibilidad del sistema.
El informe advierte de que estas transferencias absorben una parte cada vez mayor de los ingresos públicos y reducen el margen presupuestario disponible para otras políticas. Según sus cálculos, los recursos destinados a financiar las pensiones ya representan más de un tercio de la recaudación tributaria total del Estado. Esta situación, sostienen los economistas, compromete la capacidad de las administraciones para financiar inversiones productivas y atender otras necesidades de los servicios públicos.
Los autores relacionan este desequilibrio con la elevada generosidad del sistema español. La primera pensión equivale aproximadamente al 77% del último salario percibido por el trabajador, frente a una media del 45% en la Unión Europea. A su entender, mantener este nivel de prestaciones sin introducir ajustes puede obligar a reducir otras partidas presupuestarias, como las destinadas a conservar y renovar las infraestructuras públicas.
En este sentido, De la Fuente, García Díaz y Sánchez Martín consideran que la reforma acordada por los principales partidos políticos entraña riesgos importantes porque no establece límites claros al coste futuro de las pensiones. En su opinión, garantizar su financiación mediante aportaciones crecientes del Estado puede terminar dejando sin recursos suficientes a otras áreas también esenciales del Estado del bienestar. Como ejemplo, señalan el deterioro de las infraestructuras por la insuficiencia de las inversiones en mantenimiento, una situación que, advierten, puede tener consecuencias especialmente graves.
Para corregir esta evolución, los economistas plantean una revisión de la política de pensiones que permita hacer más transparente su coste y reforzar su sostenibilidad financiera. Entre sus propuestas figura sustituir el actual Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) por un recargo proporcional sobre la parte estatal del IRPF. De esta manera, consideran que los contribuyentes podrían identificar con mayor claridad el esfuerzo fiscal destinado a financiar el sistema.
El estudio también propone ampliar el periodo utilizado para calcular la pensión hasta abarcar toda la vida laboral del trabajador y diseñar una transición gradual, a lo largo de varias décadas, hacia un modelo de cuentas nocionales individuales. Este sistema vincularía de forma más directa las prestaciones a las cotizaciones realizadas durante la trayectoria profesional, con el objetivo de favorecer el equilibrio actuarial y garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.