(La Vanguardia, 07-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo
Excesiva discrecionalidad. Ese es el principal reproche que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha señalado respecto al Real Decreto ley aprobado por el consejo de ministros, que incluye medidas destinadas a mitigar los efectos económicos de la crisis derivada de la guerra en Irán.
El think tank subraya que, aunque las modificaciones en la regulación de los permisos de acceso y conexión a la red para instalaciones de consumo, así como las medidas para impulsar el despliegue de energías renovables, almacenamiento y electrificación, son acertadas, estas dejan un margen significativo de discrecionalidad. Según Fedea, el decreto "abre la puerta a utilizar las restricciones de acceso y conexión a la red como instrumento de política industrial, privilegiando determinados proyectos considerados estratégicos o de alta prioridad frente a otros".
El investigador Diego Rodríguez pone el foco en el concepto de "proyectos de alta prioridad", que el decreto sitúa en un lugar preferente para el acceso a la red. Según Rodríguez, esto altera el criterio vigente, que se basaba en el orden temporal de solicitud de las empresas. "La definición actual es tan amplia que permite someter el acceso a la red a un elevado grado de discrecionalidad, al quedar en manos de la Administración decidir qué proyecto se considera estratégico", advierte.
El decreto establece que la decisión sobre qué proyectos se consideran de alta prioridad corresponderá a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta de un nuevo Comité de Inversiones Estratégicas. Rodríguez alerta de que "una definición vaga y su demora pueden provocar pérdida de oportunidades de inversión clave, menor competitividad y un despliegue desordenado de proyectos".
Entre los sectores más afectados por esta disposición se encuentra el de los centros de datos. Según el análisis, ha habido un acaparamiento de permisos de conexión por parte de promotores, reales o ficticios, situación similar a la observada en almacenamiento con baterías o electrolizadores para hidrógeno renovable. El decreto prevé además un régimen específico de acceso y conexión para estos centros, con posibles requisitos sobre origen renovable de la electricidad, eficiencia energética, uso del agua o contribución a la soberanía digital, criterios que Rodríguez considera "ajenos al procedimiento de acceso a la red".
Más allá de esta advertencia sobre la discrecionalidad, Fedea valora de manera positiva el conjunto de medidas del Real Decreto ley. El informe destaca, por ejemplo, la creación de una nueva prestación económica mensual por reserva de capacidad y la fijación de estrictos hitos de caducidad para frenar el acaparamiento y la especulación con permisos de conexión de proyectos paralizados. También celebra la recuperación de las medidas de apoyo a los consumidores implementadas durante la crisis de Ucrania.