(El Economista, 23-09-2026) | Laboral
El incremento del gasto en pensiones que se prevé para las próximas décadas podría ejercer una presión cada vez mayor sobre las finanzas públicas. Así lo señaló el presidente de Fedea, Ángel de la Fuente, durante su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, donde planteó que el debate sobre las pensiones no debería limitarse a determinar si el sistema es sostenible, sino que también debería analizar cuánto espacio presupuestario ocupa y qué recursos quedan disponibles para otras políticas públicas.
De la Fuente sostuvo que la última reforma de las pensiones ha comprometido un aumento del gasto sin establecer, a su juicio, una vía de financiación suficiente para afrontarlo. El economista advirtió de que el sistema ya requiere transferencias procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para financiar parte de las prestaciones contributivas y que estas aportaciones podrían aumentar durante los próximos años.
Según explicó, si esta evolución continúa, las pensiones absorberán una proporción cada vez mayor de los recursos públicos y reducirán el margen para incrementar el gasto en otras áreas. Entre los ámbitos que podrían verse condicionados citó la educación, la sanidad, la atención a la dependencia, la vivienda y las políticas dirigidas a los jóvenes. De la Fuente señaló que actualmente el Estado destina cada año alrededor de 50.000 millones de euros de la caja común a la Seguridad Social para financiar prestaciones contributivas y advirtió de que esta cantidad podría seguir aumentando durante las próximas dos décadas.
El presidente de Fedea también puso el foco en la distribución de los costes del sistema entre las distintas generaciones. El envejecimiento de la población, el incremento de la esperanza de vida y la llegada a la jubilación de las generaciones del baby boom harán que aumente la proporción de pensionistas respecto al número de trabajadores. Al mismo tiempo, un crecimiento limitado de la productividad dificultaría la generación de los recursos necesarios para financiar unas prestaciones cada vez más numerosas.
En este contexto, De la Fuente considera que una parte relevante del esfuerzo financiero recaerá sobre las generaciones más jóvenes, nacidas especialmente después de 1980, a través de mayores cotizaciones e impuestos. A su juicio, las últimas reformas han reforzado la protección de los pensionistas actuales y de quienes se encuentran próximos a la jubilación, mientras que una parte creciente de la financiación recae sobre trabajadores que afrontan mayores dificultades económicas y problemas de acceso a la vivienda.
El economista también cuestionó la relación entre las pensiones iniciales y los salarios en España. Según señaló, el sistema español ofrece prestaciones relativamente elevadas en comparación con las remuneraciones medias de los trabajadores. De la Fuente defendió que un sistema de pensiones puede ser generoso, pero consideró imprescindible que esa generosidad sea compatible con su sostenibilidad financiera a largo plazo.
Durante su comparecencia también respondió a una pregunta del diputado de Vox Pablo Sáez Alonso sobre la posibilidad de incorporar una memoria específica de impacto intergeneracional a las reformas de las pensiones. De la Fuente consideró que sería necesario mejorar la calidad de este tipo de evaluaciones y reclamó que las Administraciones dispongan de los medios suficientes para analizar con rigor las consecuencias económicas y distributivas de las reformas antes de su aprobación.
En definitiva, el planteamiento expuesto por el presidente de Fedea sitúa el debate sobre las pensiones en una perspectiva más amplia: además de analizar la capacidad del sistema para atender sus compromisos futuros, plantea estudiar cómo el aumento del gasto puede afectar a la distribución de los recursos públicos y al equilibrio entre las diferentes generaciones.