(El País, 13-11-2026) | Laboral
La inmigración se ha consolidado como uno de los principales factores de crecimiento del mercado laboral español. En apenas diez años, España ha pasado a situarse entre las economías desarrolladas que más trabajadores extranjeros incorporan a su actividad productiva. En 2025 contaba con más de 4,8 millones de ocupados nacidos en otros países, lo que la convertía en el segundo Estado de la Unión Europea con mayor número de trabajadores de origen extranjero, únicamente por detrás de Alemania. A escala internacional, España ocupa el cuarto puesto entre las economías desarrolladas que más mano de obra migrante atraen, según el informe International Migration Outlook 2026, publicado por la OCDE.
Esta evolución mantiene una tendencia creciente. Durante el pasado año llegaron a España 460.500 nuevos residentes permanentes, un 25% más que en 2024. Entre las principales economías europeas, solo Alemania recibió un mayor número de nuevos residentes. El cambio también se aprecia en la composición demográfica: desde 2015, la población nacida en el extranjero ha aumentado un 61% y representa ya prácticamente el 20% de los habitantes del país.
La llegada de población extranjera ha contribuido a compensar parcialmente el envejecimiento demográfico y a cubrir vacantes en actividades con dificultades para encontrar trabajadores, como la construcción. Sin embargo, su aportación al crecimiento económico sigue condicionada por su concentración en sectores de productividad reducida. Marruecos constituye el principal país de origen de estos trabajadores, seguido de varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Perú.
La presencia de empleados extranjeros es especialmente elevada en determinadas actividades. En la hostelería representan cerca de la mitad de las personas ocupadas, mientras que en la construcción y los servicios de cuidados superan el 30%. También tienen un peso significativo en el comercio, donde suponen el 15% del empleo, la industria manufacturera (11%), los servicios domésticos (8%) y la agricultura (5%).
Se trata de actividades fundamentales para el funcionamiento de la economía, pero caracterizadas, en buena medida, por una elevada intensidad de mano de obra, una productividad relativamente baja, remuneraciones más reducidas y una mayor inestabilidad laboral.
La OCDE advierte de que una parte importante de los inmigrantes desempeña trabajos que requieren una cualificación inferior a la que poseen. Esta situación supone desaprovechar una parte de su formación y experiencia profesional. Aunque España destaca por su capacidad para incorporar trabajadores extranjeros al mercado laboral, también presenta uno de los mayores desajustes entre la preparación de estos empleados y los puestos que ocupan.
El informe señala que la tasa de empleo de la población extranjera en España se aproxima considerablemente a la de los trabajadores nativos: alcanza el 66,6%, frente al 67,1% de estos últimos. Esta diferencia contrasta con la registrada en otros países europeos, como Alemania, donde la brecha llega a diez puntos porcentuales, o Países Bajos, donde se acerca a los trece.
Sin embargo, la integración laboral no siempre se traduce en un aprovechamiento adecuado del capital humano. Muchos extranjeros con estudios superiores terminan ocupando puestos de cualificación baja o intermedia. Entre los obstáculos que explican esta situación figuran las dificultades para homologar titulaciones, acreditar la experiencia profesional adquirida en sus países de origen y acceder a determinadas ocupaciones.
En el conjunto de la OCDE, el 33% de los trabajadores extranjeros con formación superior desempeña empleos de cualificación baja o media, frente al 24% de los trabajadores nativos. En España, este desajuste supera el 50%, lo que evidencia las dificultades para aprovechar plenamente las capacidades profesionales de la población inmigrante.
Esta situación también tiene consecuencias sobre la productividad. Según la OCDE, la concentración inicial de los trabajadores extranjeros en actividades menos productivas restó un punto porcentual al crecimiento de la productividad agregada española entre 2014 y 2024. La posterior incorporación de parte de estos empleados a sectores con mayor productividad permitió compensar parcialmente ese efecto, aunque no fue suficiente para revertirlo. El organismo subraya que el problema no reside en la llegada de trabajadores extranjeros, sino en que su incorporación no ha ido acompañada de una transformación suficiente de la estructura productiva y empresarial.
En materia migratoria, España también ha seguido una estrategia diferente a la de buena parte de las economías desarrolladas. Mientras países como Reino Unido, Canadá y Alemania han endurecido sus políticas mediante mayores exigencias salariales, restricciones al número de entradas y nuevas limitaciones en los procedimientos de asilo, el Gobierno español ha optado por flexibilizar la normativa y ampliar las vías de regularización.
La reforma del Reglamento de Extranjería, que entró en vigor en mayo de 2025, simplificó los procedimientos para obtener permisos de residencia, redujo los plazos exigidos y estableció cinco modalidades de arraigo. A esta modificación se ha añadido el proceso extraordinario de regularización de 2026, que ha recibido 1,2 millones de solicitudes, de las cuales 610.000 han sido admitidas a trámite.
Esta política responde también a las necesidades demográficas y económicas del país. El envejecimiento de la población y las dificultades de numerosas actividades para cubrir sus vacantes hacen necesaria la incorporación de nuevos trabajadores para mantener el crecimiento y sostener el mercado laboral.
En cualquier caso, el peso de la inmigración en la creación de empleo no es exclusivo de España. La OCDE destaca que, entre 2014 y 2024, los trabajadores extranjeros representaron al menos la mitad del crecimiento neto del empleo en la mitad de los países que integran la organización.