(El País, 26-10-2026) | Laboral
España registró en 2024 una tasa de 1,89 muertes por accidente laboral por cada 100.000 ocupados, según los últimos datos publicados por Eurostat. El indicador empeoró respecto al año anterior, cuando se situó en 1,71, y se alejó de la media de la Unión Europea, que fue de 1,65. La evolución contrasta con la de algunos de los países europeos con menor siniestralidad, como Alemania, donde la tasa descendió de 0,71 a 0,64, y Países Bajos, que pasó de 0,38 a 0,32. Estas cifras han despertado la preocupación de los sindicatos españoles, que reclaman al Gobierno que impulse la reforma de la normativa de prevención de riesgos laborales comprometida hace meses.
La incidencia de los accidentes mortales en España supera la de varias de las principales economías europeas. Además de Alemania y Países Bajos, el país presenta peores resultados que Suecia, con 0,75 fallecimientos por cada 100.000 ocupados, Luxemburgo y Bélgica, ambos con 0,94, y Dinamarca, con 1,02. En el extremo contrario se encuentran países como Croacia, con una tasa de 2,79; Rumanía, con 2,83, y Bulgaria, con 3,08. Francia vuelve a registrar el peor dato de la Unión Europea, con 3,61 muertes por cada 100.000 trabajadores.
Una de las explicaciones habituales de los expertos en salud laboral es la composición del tejido productivo español, en el que tienen un peso relevante actividades con mayores riesgos, como la construcción, la minería y el sector agrario. Sin embargo, las cifras desglosadas por ramas de actividad muestran que esta circunstancia no explica por sí sola la diferencia con el promedio comunitario. En varios de los sectores más peligrosos, la tasa de accidentes mortales también es superior en España a la registrada en el conjunto de la UE.
La minería es uno de los ejemplos más claros: en España se contabilizan 13,99 fallecimientos por cada 100.000 ocupados, frente a los 8,74 de la media europea. En el suministro de energía, la tasa española alcanza los 7,5, mientras que en la UE se sitúa en 2,3. También existen diferencias significativas en el transporte, con 7,47 muertes en España frente a 4,84 en el conjunto comunitario, y en la agricultura, donde los índices son de 6,48 y 5,51, respectivamente. En la construcción, la incidencia española llega a 7,69 fallecimientos por cada 100.000 ocupados, frente a los 6,13 de la UE.
Este último sector preocupa especialmente a Mariano Sanz, responsable de Salud Laboral de CC OO, quien advierte de que, aunque la siniestralidad está mejorando en numerosas actividades, la construcción no sigue la misma evolución. El representante sindical considera prioritario reforzar las condiciones de seguridad y salud en las obras y señala que el sector concentra a trabajadores inmigrantes que, en ocasiones, desempeñan su actividad en condiciones de escasa protección. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, entre enero y agosto fallecieron 120 trabajadores de la construcción durante su jornada laboral. La cifra representa aproximadamente un tercio de las muertes registradas, pese a que esta actividad ocupa al 7% de los afiliados a la Seguridad Social.
Desde UGT, su responsable de Salud Laboral, Patricia Ruiz, también expresa su preocupación por la posición de España respecto a la media europea. La dirigente sindical reclama una normativa comunitaria que establezca requisitos mínimos más exigentes para proteger la salud de los trabajadores. Asimismo, considera que la legislación española debe adaptarse a riesgos que han ganado importancia, como el envejecimiento, el sedentarismo, la digitalización, el cambio climático y los problemas de salud mental.
Para actualizar el marco normativo, Ruiz pide al Gobierno que retome la tramitación del anteproyecto de ley de prevención de riesgos laborales acordado en enero entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, después de dos años de negociaciones. La reforma contempla, entre otras medidas, un refuerzo de la vigilancia preventiva en las pequeñas y medianas empresas, donde se concentra una parte importante de los accidentes laborales. También incorpora actuaciones relacionadas con los efectos de la emergencia climática, el estrés laboral y las diferencias de género en materia de salud y seguridad. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han rechazado el proyecto.
Los sindicatos instan al Ejecutivo a acelerar su aprobación y recuerdan que una parte de las muertes en el trabajo podría evitarse mediante mejores medidas de prevención. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en primera lectura en abril, pero la norma estaba pendiente de regresar al gabinete antes de su remisión al Parlamento. La convocatoria de elecciones generales y la disolución de las Cortes han complicado el proceso, aunque formalmente el Gobierno todavía podría recurrir a la Diputación Permanente si justifica la urgencia de la iniciativa.
Sanz, que participó en la negociación del texto en representación de CC OO, critica que la reforma aún no haya llegado al poder legislativo. A su juicio, el retraso demuestra que la prevención de riesgos laborales no ocupa un lugar prioritario en la agenda del Gobierno ni del Ministerio de Trabajo.
Paralelamente, avanza la propuesta de permitir la jubilación anticipada en determinadas profesiones con elevados índices de peligrosidad o mortalidad. Esta posibilidad ya existe para colectivos como los mineros, los bomberos forestales, los policías autonómicos y los trabajadores del mar. Entre los grupos que aspiran a acceder a ella destacan los camioneros, después de que la Seguridad Social reconociera en un informe la elevada mortalidad asociada a su actividad. Los sindicatos también han solicitado formalmente la jubilación anticipada para los conductores de autobús, los trabajadores de la construcción y las empleadas de ayuda a domicilio. A estos colectivos podrían sumarse próximamente los trabajadores de la limpieza de hoteles, que también prevén impulsar esta reivindicación.