(Expansión, 12-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo
España ha llevado su disputa por los arbitrajes relacionados con las energías renovables al nivel más alto del sistema judicial estadounidense. El país ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos solicitando que se le reconozca inmunidad soberana y así evitar el desembolso de 358 millones de euros, correspondientes a tres laudos arbitrales dictados a favor de NextEra, 9Ren y Blasket, como consecuencia de los recortes a las subvenciones a proyectos renovables efectuados entre 2010 y 2013.
En el documento, fechado el 1 de mayo y al que tuvo acceso el diario EXPANSIÓN, España pide que se revoque el fallo del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, emitido en agosto de 2024, el cual validaba dichos laudos y permitía a los inversores proceder a su ejecución en EE. UU. El Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), organismo dependiente del Banco Mundial, condenó al Estado español a compensar con 290 millones a NextEra, con 41 millones a 9Ren y con 26,5 millones a AES, cuyos derechos fueron posteriormente adquiridos por el fondo Blasket Renewable Investments.
Aunque esa sentencia no resolvía si los laudos debían ejecutarse de forma definitiva, sí negaba a España el amparo de la inmunidad soberana, argumentando que los tribunales estadounidenses tenían competencia para actuar. Esto abrió la puerta a que los inversores pudieran registrar y reclamar el cumplimiento de los laudos en EE. UU., incluso mediante posibles embargos de activos.
El recurso presentado por España considera que el caso representa "un último intento desesperado" por sortear la normativa europea, y plantea dos cuestiones que, según el Gobierno, son de "gran trascendencia". Por un lado, cuestiona que los tribunales estadounidenses puedan declararse competentes sin verificar si hubo consentimiento expreso por parte del Estado para someterse a arbitraje. Por otro, critica que el tribunal del Distrito de Columbia desestimara el principio de forum non conveniens, que permitiría valorar si ese país es el foro adecuado para resolver la disputa.
En su argumentación, España se apoya en la posición de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia de la UE, que han señalado que el Tratado de la Carta de la Energía no permite el arbitraje entre inversores y Estados dentro del espacio europeo, por lo que este tipo de laudos no serían ejecutables. Asimismo, recuerda que el 24 de marzo, la Comisión Europea dictaminó que el pago de estos laudos constituiría una ayuda de Estado ilegal, prohibiendo a los países miembros efectuar dichos pagos. No obstante, algunos de los inversores involucrados, como NextEra, tienen sede fuera de la Unión Europea.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han reiterado que "España continúa defendiendo sus intereses ante todos los tribunales en los procedimientos en curso para evitar desembolsos que contravienen el Derecho de la Unión Europea". Para este litigio, el Estado cuenta con el respaldo del prestigioso bufete estadounidense Sidley Austin, uno de los más grandes del mundo, cuya facturación superó los 3.400 millones de dólares en el último año.