(El Periódico, 04-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo
Tras haber aprovechado el año pasado el Foro Económico Mundial de Davos para advertir sobre el poder de los tecno-oligarcas de las grandes plataformas digitales -a quienes acusó de amenazar la democracia-, Pedro Sánchez ha trasladado este martes su ofensiva contra lo que denomina el "salvaje oeste digital" a la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái.
En este escenario internacional, el presidente del Gobierno ha anunciado un conjunto de cinco iniciativas legislativas y regulatorias que el Ejecutivo pretende aplicar en España con el objetivo de frenar los abusos atribuidos a las grandes plataformas tecnológicas y de asegurar "un ecosistema digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales".
Entre las medidas destaca, en primer lugar, el fin de la impunidad de los altos directivos, que pasarán a responder legalmente por las infracciones cometidas en las plataformas que gestionan. De este modo, los consejeros delegados podrán afrontar responsabilidades penales si no eliminan contenidos ilegales o mensajes de odio. En segundo lugar, se introducirá como delito la manipulación de algoritmos y la difusión deliberada de contenidos ilícitos con fines lucrativos.
La tercera medida anunciada supone la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, lo que obligará a las plataformas a implantar mecanismos eficaces de verificación de edad. A ello se sumará la puesta en marcha de un sistema de seguimiento, medición y trazabilidad que permita identificar lo que el presidente ha denominado una "huella de odio y polarización". "Difundir odio debe tener consecuencias legales y económicas", ha subrayado. Por último, Sánchez ha adelantado que el Gobierno trabajará junto a la Fiscalía para analizar posibles vulneraciones de la ley por parte de Grok, TikTok e Instagram.
La restricción del acceso a redes sociales antes de los 16 años ya está contemplada en el proyecto de ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia y actualmente en tramitación parlamentaria. Esta reforma eleva a los 16 años la edad a partir de la cual los menores pueden consentir el tratamiento de sus datos personales. En el caso de los menores de esa edad, dicho tratamiento solo será posible con la autorización de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, en los términos que se establezcan.
En un contexto marcado por el aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán, el jefe del Ejecutivo se ha desplazado al Golfo Pérsico para participar en esta cita anual en Emiratos Árabes Unidos. "España tiende puentes, no levanta muros; apuesta por la cooperación y no por la fragmentación", ha afirmado. "La paz es prioritaria, las personas deben situarse en el centro de la economía y el progreso no puede lograrse a costa de los más vulnerables ni del planeta", ha defendido, en una alusión velada a la agenda ideológica y geopolítica de Donald Trump. "El mundo ha cambiado de forma drástica, y para peor", ha advertido.
No obstante, el eje central de su intervención ha sido la gobernanza digital. Sánchez ha recordado que las redes sociales fueron presentadas como herramientas destinadas a fomentar la comprensión global, la cooperación, la libertad y la transparencia, además de mejorar la vida de las personas gracias a la tecnología y los algoritmos. Sin embargo, a su juicio, el resultado ha sido el contrario. "Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido", ha lamentado, "un espacio donde se incumplen las leyes, se toleran delitos, la desinformación se impone a la verdad y millones de usuarios sufren ataques de odio".
En este contexto, el presidente ha señalado que, solo en el último año, TikTok ha sido acusada de permitir la difusión de cuentas maliciosas que comparten imágenes de pornografía infantil generadas mediante inteligencia artificial. También ha criticado que el propietario de X, Elon Musk, "pese a ser emigrante", utilizara recientemente su perfil personal para amplificar desinformación sobre una decisión soberana del Gobierno español: la regularización de 500.000 personas migrantes que viven y trabajan en el país. Asimismo, ha denunciado que la misma plataforma haya permitido a su inteligencia artificial, Grok, generar contenidos sexuales ilegales, y que Instagram haya sido acusada de espiar a millones de usuarios en todo el mundo.
"Si queremos protegernos, debemos recuperar el control", ha concluido Sánchez, insistiendo en la necesidad de que las plataformas digitales "cumplan las normas como cualquier otro actor". Aunque ha reconocido la complejidad del desafío, ha asegurado que la determinación del Gobierno es mayor que el poder económico de estas compañías. El Ejecutivo prevé aprobar este paquete de medidas la próxima semana en el Consejo de Ministros.