(El Economista, 10-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo
España ha vuelto a poner sobre la mesa la creación de un sistema de eurobonos, defendiendo que la iniciativa beneficiaría al conjunto de la Unión Europea al reforzar el papel internacional del euro y mejorar la eficiencia de la financiación comunitaria. El Ministerio de Economía ha distribuido entre sus homólogos europeos una propuesta que plantea un modelo de emisión conjunta de deuda capaz de generar un activo financiero considerado seguro por los mercados, sin incrementar el endeudamiento agregado de los Estados miembros.
La iniciativa recupera un debate que durante años encontró la oposición de los países denominados "frugales", principalmente del norte de Europa. Sin embargo, el contexto actual es diferente, ya que las instituciones comunitarias comparten el objetivo de fortalecer la posición internacional del euro en un escenario marcado por la incertidumbre sobre el liderazgo del dólar tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió que la propuesta no supone una mutualización de la deuda como las planteadas en el pasado, sino un mecanismo destinado a hacer más eficiente la emisión de deuda pública y a reducir la fragmentación financiera dentro de la Unión. Según el Gobierno, se trata de una iniciativa que puede ser asumida por todos los socios europeos al perseguir un interés común.
El plan contempla emisiones conjuntas por valor de unos 850.000 millones de euros anuales. Sumadas a los 750.000 millones de euros emitidos por la Unión Europea durante la pandemia, permitirían alcanzar en cinco años un volumen cercano a los cinco billones de euros en circulación, considerado por diversos economistas como el tamaño mínimo necesario para consolidar un auténtico activo europeo libre de riesgo.
Pese a ello, la propuesta sigue encontrando una fuerte resistencia entre algunos Estados miembros. Países Bajos reiteró su rechazo, calificando el debate de recurrente y descartando nuevamente la emisión conjunta de deuda. Finlandia también expresó su oposición, al considerar que esta fórmula no constituye una solución adecuada. El propio presidente del Eurogrupo reconoció que, aunque el asunto forma parte de las discusiones actuales, todavía no existe consenso entre los países de la zona euro.
El Ministerio de Economía sostiene que este modelo permitiría reducir significativamente los costes de financiación de los Estados miembros. Según sus cálculos, el ahorro en intereses podría alcanzar los 5.000 millones de euros anuales desde el inicio del programa y elevarse progresivamente hasta unos 25.000 millones de euros al año una vez completado el periodo de implantación de cinco años.
Estas estimaciones parten de la hipótesis de que la Comisión Europea pueda financiarse en condiciones similares a las de Alemania, considerada la referencia de menor riesgo dentro de la eurozona. Actualmente, la deuda emitida por la Unión Europea soporta costes de financiación superiores, debido principalmente al menor volumen de bonos disponibles y a la limitada liquidez que perciben los inversores. La propuesta fue presentada oficialmente durante la reunión del Eurogrupo celebrada en Bruselas, aunque el documento ya había sido distribuido previamente entre los distintos ministros de Economía para facilitar su análisis antes del encuentro.
Con el objetivo de disipar las reticencias de algunos socios, España insiste en que el sistema no supondría un incremento del endeudamiento conjunto de la Unión. La idea consiste en que los Estados transfieran una parte de sus programas nacionales de emisión a la Comisión Europea, que actuaría como emisor centralizado de esos títulos en los mercados financieros.
Posteriormente, la Comisión canalizaría los recursos obtenidos mediante préstamos a los propios Estados miembros, utilizando esos compromisos de devolución como garantía de las emisiones. Este mecanismo, denominado provisionalmente Mecanismo Soberano Europeo (European Sovereign Facility, ESF), estaría reservado a los países que cumplan las normas fiscales europeas.
Además, el proyecto prevé establecer un sistema de compensación para aquellos Estados que actualmente pueden financiarse a tipos de interés inferiores a los que obtendría inicialmente la Comisión Europea. De este modo, se evitaría que esos países asumieran un mayor coste de financiación mientras el nuevo sistema alcanza la suficiente dimensión y liquidez para consolidarse en los mercados.