(La Vanguardia, 20-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno español trabaja en una hoja de ruta que plantea alcanzar un sistema eléctrico completamente renovable en la España peninsular en 2040 y eliminar por completo el uso de petróleo, gas y carbón en el conjunto del país en 2050, según adelantó Efe y confirmó La Vanguardia. El objetivo para 2040 pasa por completar la descarbonización del sistema eléctrico y reducir las emisiones netas un 90% respecto a los niveles de 1990. Para entonces, también se pretende eliminar los combustibles fósiles en los edificios residenciales, el sector servicios, la agricultura y la movilidad urbana. Diez años después, en 2050, esta transformación se extendería al transporte pesado y a la industria.

España ha avanzado de forma significativa en el desarrollo de las energías renovables, que actualmente cubren el 55% de la demanda eléctrica. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contempla elevar esa proporción hasta el 81% en 2030, al tiempo que prevé reducir un 32% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990.

Por otra parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado la firma de la orden ministerial que aprueba el Programa de Trabajo 2026-2030 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, cuya publicación en el BOE está prevista para los próximos días. Este instrumento constituye el principal marco para coordinar e impulsar las políticas de adaptación al cambio climático en España.

El programa establece las actuaciones que desarrollará la Administración General del Estado durante los próximos cinco años. En total, recoge 187 medidas destinadas a anticipar, limitar y gestionar los efectos del cambio climático sobre la población, la actividad económica y los ecosistemas. Su aprobación da continuidad a una política pública iniciada hace dos décadas y actualiza las prioridades a partir de los últimos avances científicos y de la evolución de los riesgos climáticos.

Aagesen ha defendido un modelo de adaptación sustentado en la evidencia científica y orientado a gestionar los riesgos, en línea con los avances internacionales y europeos en materia de resiliencia climática. La vicepresidenta ha señalado la necesidad de abandonar una respuesta basada en reaccionar ante las crisis para avanzar hacia otra centrada en la anticipación, la prevención y la capacidad de recuperación.

El documento toma como punto de partida la Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático en España, que analiza de forma sistemática las principales amenazas a las que se enfrenta el país. A partir de sus conclusiones, establece las actuaciones prioritarias y promueve la incorporación de la adaptación climática a ámbitos como la salud, el agua, la biodiversidad, la agricultura, la energía, las infraestructuras, el transporte, el turismo y la actividad económica.

De las 187 actuaciones previstas, 165 son medidas sectoriales distribuidas en 18 ámbitos de gestión pública, mientras que las 22 restantes tienen carácter transversal. Estas últimas abordan cuestiones como las diferencias territoriales y sociales, los efectos del cambio climático más allá de las fronteras, la evaluación de los costes y beneficios de las intervenciones y la prevención de actuaciones que puedan generar nuevos riesgos o agravar los existentes.

Cada medida dispone de una ficha propia en la que se detallan su importancia estratégica, el calendario de ejecución, los antecedentes, los beneficios previstos, los indicadores para evaluar su cumplimiento y los departamentos responsables de llevarla a cabo. Entre las iniciativas destacadas figura la puesta en marcha de una Plataforma de Servicios Climáticos, que ofrecerá información y herramientas para anticipar riesgos y facilitar la toma de decisiones. Tendrá especial utilidad para actividades muy condicionadas por el clima, como la agricultura y la generación de energías renovables.

En el ámbito sanitario, se prevé crear una Red Estatal de Refugios Climáticos y reforzar la prevención frente a episodios de calor extremo, prestando especial atención a los entornos laborales y a los colectivos más vulnerables. En materia de recursos hídricos, se impulsarán medidas para prevenir inundaciones en el ámbito local, mejorar el acceso a la información y extender una cultura de autoprotección.

El programa también contempla actuaciones para incorporar la adaptación climática a las políticas de conservación de la biodiversidad y los espacios protegidos, reducir el impacto de los incendios forestales en las zonas de contacto entre áreas urbanas y forestales y fomentar sistemas agrícolas, ganaderos y pesqueros más preparados para las nuevas condiciones ambientales.

En las zonas costeras y el medio marino, las medidas se orientarán a facilitar la adaptación del litoral, restaurar los ecosistemas costeros y mejorar la planificación de los municipios situados junto al mar. Asimismo, se tendrán en cuenta los riesgos climáticos en el diseño, la construcción y la gestión de ciudades, edificios e infraestructuras. En el caso de las nuevas instalaciones energéticas, se promoverá la incorporación de criterios de resiliencia desde la fase de diseño.

La movilidad, el transporte, la industria, los servicios y el turismo también dispondrán de actuaciones específicas para identificar sus vulnerabilidades, mejorar la respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos y adaptar sus modelos de actividad a las nuevas condiciones climáticas. A estas iniciativas se suman medidas relacionadas con la investigación, la innovación, la educación ambiental y la formación profesional. El programa también busca ampliar el conocimiento sobre los riesgos climáticos que afectan a las infraestructuras críticas y sus posibles consecuencias para la paz, la seguridad y la cohesión social.

La elaboración del Programa de Trabajo 2026-2030 ha contado con la participación de 19 ministerios, además de representantes de la comunidad científica y técnica, las administraciones autonómicas y locales, organizaciones sociales y ciudadanos. Durante el proceso se recibieron más de un millar de propuestas, que han contribuido a completar y reforzar el contenido del documento.

Aunque sus actuaciones se dirigen principalmente a la Administración General del Estado y a otros organismos públicos estatales, el programa pretende servir también de referencia para el conjunto de las administraciones y los agentes sociales y económicos. El propósito es facilitar el desarrollo de iniciativas de adaptación en los ámbitos autonómico, local y sectorial. El nuevo plan da continuidad al Programa de Trabajo 2021-2025 e incorpora nuevas prioridades en función de los conocimientos científicos más recientes y de la experiencia acumulada en la gestión de los efectos del cambio climático.

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