(El Economista, 15-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo
España se encuentra entre los países europeos que registran un mayor encarecimiento de los alimentos. Según los últimos datos interanuales de Eurostat correspondientes a agosto, los precios de los productos alimentarios aumentaron un 2,3%, una cifra que únicamente supera Chipre, con una subida del 3,8%. La evolución de los precios en España contrasta con la observada en las principales economías de la Unión Europea, donde los incrementos han sido considerablemente más moderados. Tanto Francia como Italia registraron en agosto una subida del 1,1%, mientras que en Alemania el avance se limitó al 0,2%.
En otros países europeos, los precios de los alimentos incluso experimentaron descensos. En Bélgica permanecieron sin cambios, mientras que en Países Bajos disminuyeron un 1% y en Dinamarca también se registró una caída. Suecia destacó por presentar la mayor reducción, con un descenso interanual del 6,2%. Estas diferencias reflejan que los consumidores españoles continúan soportando una presión inflacionista sobre la cesta de la compra superior a la de buena parte de sus vecinos europeos. Además, la tendencia se ha intensificado en septiembre, cuando el precio de los alimentos aumentó un 2,7%, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Ante este escenario, las cadenas de supermercados están intentando moderar el impacto del encarecimiento sobre los consumidores mediante ajustes en sus márgenes comerciales, mejoras de eficiencia y la absorción de una parte de los costes adicionales. No obstante, las empresas del sector advierten de que su capacidad para mantener estas medidas es limitada, especialmente si continúan aumentando los gastos relacionados con el transporte, la energía y el suministro de productos.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pidió recientemente a las empresas del sector que realizaran un esfuerzo para evitar nuevas subidas de precios. Sin embargo, la persistencia de las tensiones sobre los costes podría provocar que una parte de estos incrementos termine trasladándose al consumidor final. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) ha advertido de que el sector acumula sobrecostes superiores a los 130 millones de euros como consecuencia del encarecimiento energético y de los combustibles relacionado con el conflicto en Oriente Próximo.
Según los cálculos de la patronal, estos gastos adicionales representan entre 20 y 25 millones de euros mensuales y afectan principalmente a tres conceptos. Los servicios de ajuste eléctrico han experimentado un incremento del 53% en el último año, el precio del gasóleo ha aumentado un 35,5% y las materias primas destinadas a la fabricación de envases de plástico se han encarecido un 25%.
Pese a estas dificultades, Asedas destaca que el incremento del precio de los alimentos en septiembre se situó más de dos puntos por debajo de la inflación general, que alcanzó el 4,9%. La organización considera que la competencia entre establecimientos, la diversidad de formatos comerciales y la amplitud de la oferta permiten a los consumidores disponer de distintas alternativas para afrontar el aumento de precios.
La asociación también señala que los diferentes factores que intervienen en la formación de los precios alimentarios no evolucionan al mismo ritmo. A las variaciones de los costes energéticos, logísticos y de producción se añaden las particularidades estacionales de las campañas agrícolas, que pueden influir en el comportamiento de determinados productos. En este contexto, la patronal de los supermercados sostiene que la cadena de distribución está realizando un esfuerzo de contención, como refleja la evolución relativamente moderada de los precios de los alimentos desde marzo, pese al escenario de inflación generalizada.
Por su parte, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) considera insuficientes las medidas anunciadas por el Gobierno para compensar las consecuencias económicas del encarecimiento energético provocado por la prolongación del conflicto en el Golfo. La organización empresarial reclama la puesta en marcha de ayudas directas que permitan reducir la presión sobre los costes de producción y distribución y evitar que las dificultades económicas terminen afectando a la actividad de las industrias alimentarias.
Asimismo, FIAB defiende la necesidad de facilitar a las empresas instrumentos adicionales de financiación, líneas de avales y mecanismos de liquidez. A su juicio, el incremento de la incertidumbre y de los riesgos empresariales está dificultando el acceso al crédito en condiciones adecuadas, lo que hace necesario reforzar las medidas de apoyo al tejido productivo. De este modo, tanto la distribución como la industria alimentaria coinciden en advertir de las dificultades que plantea mantener la contención de los precios si persisten las tensiones energéticas y logísticas. El principal desafío será evitar que el aumento de los costes empresariales acabe repercutiendo con mayor intensidad en la cesta de la compra de los hogares españoles.