(El Confidencial, 12-12-2025) | Laboral
España lleva décadas arrastrando un déficit estructural de inversión empresarial que no logra corregir, especialmente en el ámbito de la innovación. En 2024, el gasto privado en I+D representó únicamente el 0,84% del PIB, una cifra que apenas alcanza la mitad de la media europea, situada en el 1,52%. Estos datos alejan al país de su objetivo histórico de converger con los niveles de riqueza y productividad de los grandes socios del euro. Ese mismo año, las compañías alemanas destinaron un 2,14% del PIB a investigación y desarrollo, mientras que las suecas lideraron Europa con un 2,61%.
Las raíces de este problema de inversión productiva se encuentran, en gran parte, en el marco regulatorio. Así lo revela la última encuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) dirigida al tejido empresarial europeo. Una gran mayoría de compañías españolas -independientemente de su tamaño o sector- considera que la regulación supone un freno para invertir. Además, esta percepción ha aumentado con fuerza en los últimos años, reflejando el creciente malestar empresarial ante las políticas del actual Gobierno de coalición.
El 79% de las empresas españolas afirma que la normativa laboral obstaculiza su inversión, ocho puntos más que el año anterior. En este periodo, el Ejecutivo ha protagonizado múltiples choques con las organizaciones empresariales: desde las sucesivas subidas del salario mínimo y el incremento de las cotizaciones sociales hasta la propuesta de reducir la jornada laboral o ampliar los permisos retribuidos.
España se sitúa así como el tercer país de la UE donde las empresas critican más la regulación del mercado laboral, solo por detrás de Grecia y Chipre. La brecha respecto a la media europea es notable: 79% frente al 65%. En Estados Unidos, el porcentaje desciende al 54%, lo que evidencia que el entorno normativo europeo -y especialmente el español- resulta menos favorable para atraer inversión frente a potencias como EE. UU. o China.
La situación ha empeorado claramente respecto a 2017, el último año previo al actual ciclo político. Entonces, un 60% de las empresas detectaba trabas regulatorias en el ámbito laboral; hoy la cifra se eleva al 76%. El deterioro es especialmente acusado entre las grandes corporaciones, que son precisamente las que más aportan en inversión tecnológica e innovadora.
A las dificultades laborales se suman las restricciones derivadas del conjunto de regulaciones empresariales vigentes. El 81% de las compañías afirma que estas normas constituyen un obstáculo para invertir. La superposición normativa de administraciones locales, autonómicas y estatales dificulta la unidad de mercado y limita el crecimiento empresarial dentro del país.
Este impacto negativo también es mayor en España que en la media de la UE. Nuestro país es el cuarto con peor resultado -solo superado por Grecia, Alemania y Portugal-, frente a una media comunitaria del 69% de empresas que consideran que la regulación empresarial frena la inversión, frente al 81% registrado en España.
Existen otros factores donde España obtiene peores cifras que el promedio europeo, aunque las diferencias no son tan acusadas. Por ejemplo, el acceso a la financiación presenta una brecha de siete puntos, debido en parte al escaso desarrollo del mercado de deuda. También se detectan carencias en infraestructuras de transporte, un aspecto que afecta especialmente a las pymes.
Solo en dos ámbitos España presenta mejores resultados que el entorno comunitario: los costes energéticos -beneficiados por la expansión de las energías renovables- y la demanda interna, favorecida por el dinamismo del consumo privado en los últimos años.