(El Confidencial, 20-02-2026) | Laboral
Los sindicatos están a punto de suscribir con el Ministerio de Función Pública un acuerdo para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), según el borrador que aún debe formalizarse en la mesa general de negociación. Desde UGT consideran que la firma será un simple trámite, por lo que calculan que la nueva jornada podría aplicarse a partir de marzo. Este compromiso ya figuraba en el último acuerdo marco firmado hace apenas dos meses, aunque su negociación se arrastra desde hace años.
Con este pacto, unos 246.418 empleados públicos pasarán de la jornada máxima legal actual de 37,5 horas a 35 semanales, equiparándose así a la mayoría de trabajadores de las administraciones locales y a buena parte de los autonómicos, salvo excepciones como la Comunidad de Madrid.
La medida culmina un proceso gradual de reducción de jornada en el sector público iniciado con los presupuestos de 2018, que reinterpretaron el Real Decreto-ley 20/2011, norma que había fijado las 37,5 horas en plena etapa de recortes para contener el gasto. Al sumarse ahora la AGE -la gran administración que faltaba-, la jornada media del empleo público en España se situará en torno a las 35 horas, colocando al país entre los que cuentan con horarios más reducidos en sus administraciones.
En el ámbito europeo, solo Francia, Irlanda y Portugal tenían en 2024 jornadas públicas de 35 horas semanales. España ya se aproximaba a esa cifra, con 35,8 horas de media, debido principalmente a que la AGE mantenía horarios más largos. Aun así, incluso entonces la jornada pública española estaba claramente por debajo de la media comunitaria, situada en 37,7 horas, según datos recopilados por Eurofound.
Actualmente, doce países de la Unión Europea mantienen jornadas de 40 horas en sus administraciones, y en siete casos el horario público coincide con el deliña general de la economía. Destacan Alemania y Austria, donde el sector público trabaja más horas que el conjunto del mercado laboral. En España ocurre lo contrario: la jornada media pactada en la economía ronda las 38,3 horas, casi tres más que en la administración.
Además, las horas acordadas no siempre coinciden con las realmente trabajadas. Aunque no hay estadísticas directas que comparen sector público y privado, los datos de la EPA permiten aproximarlo: en 2024, los empleados a tiempo completo en España tenían jornadas habituales de 40,2 horas y efectivas de 38,9, frente a las 37,3 y 35,9 horas, respectivamente, en el ámbito de la administración pública y defensa.
Estas condiciones convierten al empleo público en una opción especialmente atractiva, tanto por horarios como por salarios. Un estudio reciente de Eurostat, basado en la Encuesta de Estructura Salarial de 2022, sitúa la brecha retributiva en España en un 9% a favor del sector público, solo por detrás de Chipre y Luxemburgo.
El acuerdo en negociación contempla la implantación de las 35 horas y la adaptación organizativa necesaria para garantizar la prestación de los servicios, especialmente en áreas de atención al ciudadano y trabajos a turnos. En muchos puestos de oficina bastará con reducir media hora diaria de lunes a viernes, pero en aquellos que requieren atención continuada podrían ser necesarias nuevas contrataciones si la reorganización de la jornada anual no cubre todas las necesidades.
Los sindicatos subrayan que el pacto establece únicamente el marco general y que su aplicación concreta dependerá de las 30 mesas de negociación delegadas -22 ministeriales y otras ocho de distintos organismos-, que evaluarán el impacto real y si es preciso incorporar más personal. En caso necesario, las vacantes podrían cubrirse mediante interinos o nuevas ofertas de empleo público.