(El País, 09-05-2025) | Mercantil, civil y administrativo
A poco más de un año para que venza el plazo establecido por Bruselas para ejecutar la totalidad de los fondos europeos asignados, España aún no ha alcanzado el ritmo necesario y corre el riesgo de no cumplir con el calendario del Plan de Recuperación. Según estimaciones de BBVA Research, hasta finales de 2024 se habrían ejecutado 46.243 millones de euros, lo que representa el 58% del total previsto. Este nivel de ejecución, lejos de garantizar el cumplimiento, obliga a acelerar significativamente para no perder parte de los fondos disponibles.
Para aprovechar íntegramente los recursos dentro del plazo establecido por la Comisión Europea, sería necesario incrementar el ritmo de ejecución en un 29%, según las proyecciones del centro de estudios. Aunque oficialmente el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia concluye el 31 de diciembre de 2026, la normativa europea establece que las inversiones deben estar completadas en agosto de ese año, lo que reduciría aún más el margen de maniobra. Bajo la hipótesis de que el plazo se extienda hasta finales de 2026, al ritmo actual, España dejaría sin utilizar alrededor del 91% de los fondos asignados.
Este análisis respalda las advertencias lanzadas por Bruselas el verano pasado, cuando pidió a España un esfuerzo adicional para implementar los fondos de forma eficaz. En aquel momento, ya se instaba al país a "acelerar las inversiones, corregir los retrasos y fortalecer su capacidad administrativa", aspectos que siguen sin resolverse del todo. También se alertaba de posibles dificultades para absorber los fondos, es decir, convertir las asignaciones en proyectos viables y ejecutables por parte del tejido productivo.
Aunque el informe no predice un incumplimiento seguro, sí advierte de una presión creciente entre los plazos y la capacidad del sistema para convertir los compromisos en gasto efectivo. Para alcanzar los objetivos, habría que aumentar la ejecución mensual desde los 1.160 millones actuales hasta unos 1.500 millones, un ritmo superior incluso al de los mejores meses de 2023. Sin embargo, desde mediados de ese año, tanto las licitaciones como las adjudicaciones han disminuido, y los datos del primer trimestre de 2025 apuntan a una continuidad en esta desaceleración.
La mayor parte de la ejecución ha sido asumida por el Gobierno central, que concentra el 64% del gasto comprometido, frente al 28% de las comunidades autónomas. Estas últimas se han centrado más en políticas sociales, culturales y de transición energética, mientras que el Estado ha destinado los recursos a infraestructuras, movilidad, digitalización y grandes proyectos estratégicos (PERTE), que suman más de 21.000 millones de euros. Sin embargo, algunos de estos proyectos aún tienen convocatorias sin resolver, como en el caso del hidrógeno verde, las energías renovables y la economía circular, donde falta por adjudicar cerca del 50%.
Algunos proyectos clave, como la construcción de la gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia), ya han comenzado. Pero en términos generales, una gran parte de los fondos sigue bloqueada en trámites administrativos o aún no ha llegado a la fase de ejecución. Aunque se han convocado ayudas y licitado contratos por casi la totalidad del dinero previsto hasta 2024 (79.607 millones sobre 79.870), la ejecución efectiva es mucho menor.
Las licitaciones están más avanzadas, con un 71% del importe ya adjudicado sobre un total de 33.350 millones. En cambio, solo se ha concedido el 48% de las subvenciones convocadas, y en el 40% de las convocatorias no se había registrado ninguna concesión al cierre de 2024. Estas cifras reflejan la necesidad urgente de acelerar, ya que no existe margen para extender los plazos más allá de 2026, a menos que todos los países miembros acuerden modificar la normativa, algo improbable.
Además del retraso general, también se observan diferencias importantes según el tipo de beneficiario. Aunque muchas pequeñas y microempresas han accedido a las licitaciones, son las grandes empresas las que han absorbido el 53% de los fondos. En el caso de las personas físicas, aunque representan el 62% de los beneficiarios, solo han recibido el 9% del dinero total. Un patrón similar se repite con las subvenciones: las microempresas constituyen dos tercios de los beneficiarios, pero solo han recibido el 25% del importe concedido.
En cuanto al reparto territorial, Madrid, Cataluña y Andalucía concentran casi la mitad del gasto ejecutado, en proporción a su peso económico y poblacional. Sin embargo, en términos per cápita, se empieza a observar una cierta tendencia hacia la convergencia regional.