(Expansión, 02-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La reforma del sistema bancario europeo todavía no se ha concretado, pero varios países ya empiezan a mover ficha para intentar orientar el futuro marco regulatorio hacia sus propios intereses. En este contexto, España trabaja en la creación de un bloque común junto a Francia e Italia, según fuentes próximas a las negociaciones.
Las tres grandes economías europeas están tratando de coordinar posiciones mediante la elaboración de un documento conjunto, conocido en Bruselas como non-paper, con el que pretenden definir qué aspectos consideran prioritarios para mejorar la competitividad bancaria a través de futuras modificaciones regulatorias.
La intención de esta alianza es ganar peso político y capacidad de influencia ante las instituciones europeas. El objetivo inmediato pasa por trasladar sus planteamientos a la Comisión Europea, encargada de presentar la propuesta legislativa prevista para el primer trimestre de 2027. Más adelante, también servirá para reforzar su posición en las negociaciones que deberán afrontar los Estados miembros dentro del Consejo de la Unión Europea.
Fuentes comunitarias subrayan que la unión de las economías segunda, tercera y cuarta de la eurozona obliga a Alemania a prestar atención a sus planteamientos. Por ahora, las conversaciones siguen abiertas y el texto aún se encuentra en fase de borrador, elaborado por el Tesoro Público español y los servicios de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.
Entre las prioridades españolas destaca la simplificación normativa, especialmente en materia de supervisión bancaria. España apuesta por reducir duplicidades entre organismos supervisores para conseguir procedimientos más ágiles, coordinados y menos exigentes en términos burocráticos para las entidades financieras. Además, el Gobierno español quiere recuperar el impulso al Fondo Europeo de Garantía de Depósitos, conocido como EDIS, uno de los elementos pendientes para completar la Unión Bancaria europea y una reivindicación que lleva años sobre la mesa sin avances definitivos.
Desde el Ministerio de Economía señalan que España participa activamente en el debate para reforzar la competitividad del sistema financiero europeo dentro del llamado grupo E-6. El objetivo, según el departamento, es contribuir a una posición común que permita mantener un sistema bancario sólido, resistente y con capacidad para seguir financiando a las empresas europeas. El trabajo técnico continuará mientras la Comisión Europea prepara su futuro informe sobre el sector.
Sin embargo, alcanzar un acuerdo con Francia e Italia también implica asumir algunas de sus reivindicaciones. En ese terreno, España estaría dispuesta a respaldar una petición conjunta para retrasar la entrada plena en vigor del denominado output floor o suelo de capital revisado.
Esta norma, incluida dentro de los acuerdos de Basilea III, limita la diferencia entre el capital que un banco calcula mediante sus modelos internos y el que resultaría aplicando el método estándar. La regulación establece que el capital mínimo exigido no puede situarse por debajo del 72,5% del cálculo estándar y fija 2030 como fecha para su aplicación total. Francia e Italia buscan ahora ampliar todavía más ese calendario.
La razón es que los grandes bancos de ambos países obtienen importantes ventajas de sus modelos internos, especialmente en el cálculo del riesgo asociado a las hipotecas, lo que les permite reducir los activos ponderados por riesgo y, en consecuencia, las exigencias de capital. Los expertos consideran que para España el efecto de un aplazamiento sería limitado, mientras que el beneficio político de reforzar la alianza sería significativo.
La posible alianza entre España, Francia e Italia supondría un bloque de enorme relevancia dentro del sistema financiero europeo. Según los últimos datos del Banco Central Europeo, las entidades financieras de estos tres países concentran cerca del 59% de los activos de los bancos significativos supervisados en la eurozona. Si se toma como referencia el conjunto de la Unión Europea, el porcentaje se reduce hasta el 44%, aunque sigue representando un peso decisivo en el sector bancario comunitario.