(El País, 03-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles en Bruselas que España solicitará a finales de septiembre el séptimo y último desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Ejecutivo apurará de esta forma el calendario establecido por la Unión Europea para que los Estados miembros reclamen los fondos pendientes, cuyo plazo finaliza el 30 de septiembre.
La solicitud tendrá un importe cercano a los 26.000 millones de euros, de los que 21.462 millones corresponderán a transferencias no reembolsables y otros 4.400 millones a préstamos en condiciones favorables. Para que la Comisión Europea dé luz verde a este último pago, España tendrá que acreditar el cumplimiento de 148 hitos y objetivos cuyo plazo de ejecución concluyó el pasado 31 de agosto.
A partir de esa fecha ya no es posible añadir nuevas actuaciones al programa, por lo que el trabajo del Gobierno se centra ahora en reunir la documentación necesaria y elaborar la certificación que Bruselas deberá analizar. La Comisión determinará entonces si España ha cumplido los compromisos y qué cantidad concreta corresponde desembolsar, ya que podrá aplicar recortes si aprecia incumplimientos parciales de las reformas previstas. El plazo para efectuar las transferencias se extiende hasta el 31 de diciembre, fecha límite fijada por el calendario europeo.
Este séptimo tramo pondrá punto final a un programa que ha supuesto una inyección extraordinaria de recursos comunitarios para España. Hasta ahora, el país ha recibido unos 78.000 millones de euros a través de seis desembolsos: alrededor de 61.000 millones en ayudas a fondo perdido y más de 17.000 millones en préstamos que deberán ser devueltos. Si Bruselas considera satisfechos todos los requisitos del último tramo, España habrá captado más de 100.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia antes de que finalice 2026.
El programa comenzó a gestarse en julio de 2020, aunque su puesta en marcha formal se produjo en la primavera de 2021, como respuesta europea a la crisis económica provocada por la pandemia. Durante estos años, la utilización de los fondos ha evolucionado de forma desigual en función del tipo de financiación. Mientras las subvenciones han avanzado a un ritmo elevado, la utilización de los créditos europeos ha quedado muy por debajo de las expectativas iniciales.
En 2023, el Gobierno preveía solicitar más de 80.000 millones de euros en préstamos europeos. Finalmente, la cifra se situará en torno a los 21.500 millones, lo que implica dejar sin utilizar aproximadamente el 75% del volumen de crédito que estaba disponible. La principal razón es la menor demanda de estos recursos. El Tesoro ha podido financiarse en los mercados en condiciones competitivas, reduciendo así el atractivo de los préstamos comunitarios, mientras que las empresas han mostrado un interés limitado debido, entre otros factores, a los trámites administrativos asociados a estas líneas de financiación.
Las dificultades para sacar adelante determinados compromisos también han estado condicionadas por la situación parlamentaria. Uno de los ejemplos más significativos es la equiparación fiscal del diésel con la gasolina, una medida pactada con Bruselas que el Gobierno ya ha reconocido que no podrá cumplir en los términos inicialmente previstos.
En esta fase final, las conversaciones con la Comisión Europea están centradas en el cierre del programa. El Ministerio de Economía trabaja además en simplificar los procedimientos de comprobación de los últimos hitos y objetivos para agilizar el análisis de los expedientes y evitar que el elevado volumen de documentación pendiente termine retrasando el desembolso.
El impacto económico del Plan de Recuperación continúa siendo objeto de discusión. El Gobierno defiende que los fondos europeos han contribuido de manera relevante al crecimiento de la economía española. Esta tesis cuenta también con el respaldo de organismos de análisis como Funcas, que estima que los recursos europeos explicaron entre el 10% y el 14% del crecimiento medio anual del PIB registrado entre 2021 y 2025.
Las críticas se concentran principalmente en la gestión del programa y en el grado de participación de los distintos agentes. Algunos analistas y el principal partido de la oposición han cuestionado que las comunidades autónomas y el tejido empresarial hayan tenido un papel suficientemente relevante en la ejecución de las inversiones financiadas con estos recursos.
La principal incertidumbre se trasladará ahora a 2027, cuando desaparezca esta fuente extraordinaria de financiación europea. El Ejecutivo teme que el final del programa pueda provocar una pérdida de ritmo en la inversión precisamente cuando España deberá volver a ajustarse plenamente a las reglas fiscales europeas. Estas normas limitarán el crecimiento del gasto público y obligarán a reducir progresivamente tanto el déficit como la deuda. A este escenario se añade un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, especialmente por la guerra en Oriente Próximo y la ausencia de perspectivas claras de una solución a corto plazo.
Para tratar de mantener el impulso inversor una vez finalizado el programa europeo, el Gobierno ha puesto en marcha España Crece, un fondo de coinversión público-privada gestionado por el Instituto de Crédito Oficial. El instrumento dispondrá inicialmente de 10.500 millones de euros procedentes de los recursos sobrantes del Plan de Recuperación y pretende movilizar hasta 120.000 millones de euros durante la próxima década mediante la participación conjunta de inversores públicos y privados, tanto nacionales como internacionales.