(Cinco Días, 19-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo
La deuda privada se ha convertido en uno de los principales focos de inquietud en los mercados. Los fondos especializados en conceder financiación fuera del circuito bancario tradicional han comenzado a abrirse a inversores minoristas, lo que ha intensificado la atención sobre su funcionamiento. En Estados Unidos ya se han producido cierres de carteras y restricciones a los reembolsos, debido a que estos vehículos invierten en préstamos que, por su naturaleza, no pueden liquidarse de forma inmediata.
Ante este contexto, España y la Unión Europea preparan una regulación específica para los fondos que ofrecen cierta liquidez -los denominados fondos "evergreen" o semilíquidos-, a los que se exigirá una gestión especialmente prudente y la realización de pruebas de resistencia anuales.
Estos fondos permiten a los inversores recuperar su dinero en determinadas ventanas, aunque invierten en activos no cotizados. Su crecimiento ha sido notable: han aumentado un 20% a nivel global en los últimos dos años, alcanzando los 419.000 millones de dólares, impulsados por el interés de inversores particulares y clientes de banca privada que buscan acceso a mercados privados sin renunciar a cierta liquidez.
La Comisión Europea ha decidido intervenir con una directiva -pendiente de transposición- que pone el foco en los riesgos derivados del auge del crédito privado, advirtiendo de posibles impactos micro y macroprudenciales que podrían extenderse al conjunto del sistema financiero. En España, la CNMV será la encargada de autorizar y supervisar estos vehículos.
La nueva normativa obligará a las gestoras a no solo cumplir con requisitos formales, sino también a realizar tests de estrés anuales para evaluar su capacidad de atender reembolsos. Estos análisis deberán contemplar escenarios adversos, como subidas de tipos de interés, ampliación de diferenciales, impagos o presión masiva de retiradas.
El objetivo es evitar situaciones como la vivida en Estados Unidos, donde gestoras como Blue Owl han tenido que bloquear fondos para minoristas, o BlackRock, que ha limitado los reembolsos al 5% ante una avalancha de solicitudes. También se han aplicado restricciones en productos de Morgan Stanley y Cliffwater, lo que refleja una tensión creciente en este segmento.
La preocupación se extiende más allá de la deuda privada. Desde el ámbito del private equity, algunas voces advierten de que una parte relevante del sector ya se encuentra en situación de estrés o dificultad, lo que podría agravar el escenario actual.
Uno de los factores de riesgo es que aproximadamente el 80% de los préstamos en este mercado se conceden a empresas participadas por fondos de capital riesgo, generalmente a tipos más elevados que los de la banca. Esto implica mayor rentabilidad, pero también un nivel de riesgo superior.
Además, fuentes financieras alertan de posibles salidas de capital ante el aumento de la incertidumbre, especialmente en empresas susceptibles de verse afectadas por cambios tecnológicos como la inteligencia artificial. No obstante, algunas entidades financieras han defendido la calidad de sus exposiciones, descartando un deterioro generalizado del crédito.
La regulación busca, sobre todo, evitar problemas de liquidez. Para ello, contempla herramientas como la posibilidad de limitar reembolsos, ya sea a nivel de fondo o por inversor, retrasar los plazos de pago o incluso, en casos excepcionales, satisfacer los reembolsos mediante la entrega de activos en lugar de efectivo.
Asimismo, se prohíbe una práctica considerada especialmente peligrosa: la estrategia de "conceder para distribuir", que consistía en otorgar préstamos con la intención de venderlos posteriormente a otros fondos. La normativa exigirá que las gestoras retengan parte del riesgo, reforzando así la calidad del crédito concedido.
En paralelo, la normativa europea establece un marco común mínimo, pero también introduce cierta flexibilidad en las herramientas de liquidez. Esto podría impulsar el desarrollo de nuevos vehículos en España, donde la CNMV ya ha autorizado varios fondos de este tipo para inversores minoristas.
El supervisor español analiza con detalle aspectos como la coherencia entre la estructura del fondo, su estrategia de inversión y la liquidez real de los activos, así como la capacidad de atender reembolsos sin generar conflictos entre inversores.
En cualquier caso, la CNMV mantiene una vigilancia estrecha sobre estos productos, con el objetivo de evitar situaciones como las vividas en el pasado, cuando algunos fondos inmobiliarios en España se vieron obligados a bloquear reembolsos tras la crisis financiera de 2008.