(El Periódico, 27-05-2025) | Laboral
Las compañías españolas aún dedican un 10,5% de su tiempo a cumplir con trámites y obligaciones burocráticas impuestas por las normativas gubernamentales. Aunque esta cifra ha mejorado respecto a 2021, cuando era del 13%, sigue siendo superior al promedio del 8% que registran economías con niveles de ingresos similares. Es decir, el llamado "impuesto de tiempo" en España continúa siendo más elevado que en otros países comparables.
Este dato forma parte de los resultados de las Encuestas Empresariales del Banco Mundial, cuyos hallazgos se han presentado este lunes en la sede de la Cámara de Comercio de España en Madrid. La propia Cámara se encargó de coordinar el trabajo de campo, que consistió en entrevistar a 1.431 propietarios y altos cargos de empresas españolas entre enero de 2024 y marzo de 2025.
En cuanto a los principales factores que obstaculizan la actividad empresarial, los directivos encuestados identifican como principal barrera la carencia de una formación adecuada entre los trabajadores (mencionada por el 35% de las empresas). Le siguen las regulaciones laborales (18%) y la carga impositiva (15,9%). Otros elementos como el acceso a financiación (5,5%), la incertidumbre política (5,1%), los problemas de transporte (4,4%) o la obtención de permisos (3,5%) quedan en un segundo plano. Solo el 2,9% de los encuestados consideran que el suministro eléctrico representa un problema para sus negocios.
Durante la presentación del informe, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, señaló que "la excesiva carga administrativa y regulatoria representa un coste añadido para las empresas, dificulta su operativa diaria y afecta negativamente a su competitividad". Añadió que este impacto es especialmente perjudicial para las pequeñas y medianas empresas, a las que limita sus posibilidades de crecimiento.
Estas trabas regulatorias, según se explicó, afectan al rendimiento empresarial y son un elemento clave del programa insignia del Banco Mundial denominado Business Ready (antes Doing Business). Esta edición del informe incluye datos recogidos en 103 países mediante más de 250.000 entrevistas. En el caso de España, se encuestó a empresas de los sectores industrial y de servicios con más de cinco trabajadores, manteniendo una metodología homogénea para todos los países.
Las encuestas cubren una amplia gama de temas: desde infraestructuras, comercio, fiscalidad, acceso a financiación y regulación, hasta innovación, prácticas de gestión, economía sumergida, corrupción y percepciones sobre el entorno empresarial.
Norman Loayza, director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial, fue el encargado de presentar los aspectos más destacados del informe. Subrayó puntos positivos, como que "las empresas más productivas en España tienden a expandirse, lo que genera más empleo y mejores salarios". A su juicio, esto muestra la necesidad de facilitar el crecimiento de este tipo de empresas, aunque para lograrlo "es necesario permitir que las menos eficientes abandonen el mercado", haciendo referencia al concepto de "destrucción creativa" formulado por el economista Joseph Schumpeter.
En cuanto a los elementos negativos, Loayza apuntó directamente a los problemas en el ámbito laboral. Indicó que "el marco normativo que regula las contrataciones y despidos es especialmente complejo", y citó como ejemplo que "hay más conflictos laborales en España y los procesos judiciales se prolongan más tiempo que en otros países".
Según los datos del informe, las empresas españolas pagan un promedio de siete semanas de salario en caso de despido, frente a las cinco semanas que se abonan en países con niveles de ingreso similares. Además, el 15% de las empresas españolas ha estado implicada en un litigio laboral en los últimos tres años, frente al 6% en la media internacional comparable. También el tiempo medio de resolución de estos conflictos es mayor: siete meses en España, frente a cinco en otros países del entorno.