(Expansión, 15-10-2025) | Fiscal
El Tribunal Supremo (TS) ha zanjado uno de los temas que más incertidumbre generaban en la gestión interna de los grandes grupos empresariales y multinacionales. En una reciente sentencia que sienta doctrina, el alto tribunal pone fin a años de debate en torno a los sistemas de gestión de tesorería centralizada, conocidos como cash pooling. El fallo fija criterios obligatorios sobre cómo deben remunerarse estas operaciones, con un impacto directo en la forma en que las corporaciones administran su liquidez interna.
El cash pooling es un mecanismo financiero complejo pero ampliamente utilizado. Permite que las distintas filiales de un grupo concentren sus excedentes de liquidez y cubran sus necesidades de financiación mediante una cuenta común gestionada por una entidad central, generalmente la matriz o una sociedad del grupo. Este sistema busca optimizar los recursos, mejorar la autofinanciación y reducir la dependencia de los bancos.
Sin embargo, su flexibilidad ha dado pie a frecuentes conflictos con la Agencia Tributaria, que cuestionaba si las condiciones de estas operaciones se ajustaban al valor de mercado, tal y como exige la normativa sobre operaciones vinculadas. Ahora, el Supremo ha respaldado las tesis de Hacienda en dos aspectos clave.
El primer cambio que impone la sentencia es la obligación de aplicar tipos de interés simétricos. Hasta ahora, era habitual que la entidad que gestionaba el pool cobrara un interés más alto a las filiales con saldo deudor (las que pedían fondos) que el que pagaba a las filiales con saldo acreedor (las que aportaban excedentes). Ese diferencial, o spread, se consideraba la compensación por su labor de gestión.
El Tribunal Supremo, en línea con los criterios del Tribunal Económico-Administrativo Central y la Audiencia Nacional, declara que esta práctica no es válida. Considera que la entidad líder no actúa como un banco que asume riesgos financieros, sino como una gestora administrativa, por lo que no puede "apropiarse de los beneficios" del sistema, ya que estos corresponden al conjunto de participantes. En adelante, el tipo de interés aplicado a los préstamos y depósitos dentro del pool deberá ser idéntico. La retribución de la entidad gestora deberá calcularse aparte, como un servicio intragrupo, utilizando preferentemente el método del coste incrementado.
Según David Vilches, abogado de Uría Menéndez, la resolución del Supremo aporta seguridad jurídica a las empresas: "Es una sentencia muy relevante, porque ofrece una postura clara sobre los puntos más controvertidos del cash pooling", afirma el experto.
El segundo aspecto que aborda la sentencia se refiere a la calificación crediticia que debe utilizarse para determinar el precio de la financiación. En el caso analizado, la empresa fijaba los tipos de interés según la solvencia individual de cada filial, pero tanto la Administración como ahora el Supremo rechazan ese criterio.
El fallo establece que la referencia debe ser la calificación crediticia del grupo en su conjunto. Los jueces argumentan que una filial, por el simple hecho de formar parte de un grupo sólido, se beneficia del respaldo financiero del mismo. Ignorar ese "apoyo implícito" sería contrario al principio de libre competencia.
El mensaje del Supremo es claro: la pertenencia a un grupo empresarial tiene implicaciones fiscales. "El Tribunal adopta la calificación crediticia del grupo, con independencia de la individual, y exige una justificación muy sólida para cualquier desviación respecto a ese criterio", añade Vilches. Esta doctrina no solo afecta al cash pooling, sino también a otras operaciones de financiación entre entidades vinculadas.
Pese a resolver los puntos principales, la sentencia deja una cuestión abierta: qué sucede con las filiales que de manera habitual solo aportan o solo reciben fondos del sistema. Esta situación podría dar lugar a una reclasificación de deuda en capital -o viceversa-, un riesgo que probablemente será objeto de futuros fallos judiciales.