(El Economista, 25-09-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Tribunal Supremo (TS) celebrará el próximo 1 de octubre una deliberación para decidir si procede declarar la nulidad de las hipotecas vinculadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), debido a la falta de información clara a los consumidores. El Pleno abordará cuatro casos en esta sesión. La resolución es esperada con gran atención tanto por la banca como por los afectados, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) abriese la posibilidad, en diciembre de 2024, de anular este índice por falta de transparencia en su comercialización.
El TJUE estableció que, para verificar la transparencia, los jueces deben comprobar principalmente dos puntos: que el contrato recoja que la definición, evolución y el método de cálculo del IRPH se publican regularmente en el BOE, y que incluya la referencia a la Circular del Banco de España de 1994, en la que ya se advertía que este indicador encarecía las hipotecas y se recomendaba a las entidades aplicar un diferencial negativo.
La incógnita es si el Supremo adoptará el criterio marcado por el TJUE o mantendrá su propia doctrina sobre el IRPH. Según Ángel Sánchez, abogado y socio de Asoban Abogados, un fallo favorable a los clientes implicaría la anulación del índice, su sustitución masiva por el euríbor más diferencial, así como la revisión de las cuotas y la devolución de los importes cobrados en exceso.
Con más de un millón de hipotecas potencialmente afectadas y un impacto económico estimado en 44.000 millones de euros, las consecuencias serían inmediatas: reducción de las cuotas mensuales, mayor liquidez en los hogares y alivio financiero para las familias más vulnerables a la variación de los tipos.
En este escenario, se espera que las entidades financieras busquen acuerdos extrajudiciales con sus clientes para evitar un aluvión de demandas. "Una posición clara del Supremo disminuiría la incertidumbre jurídica y agilizaría la resolución de los procesos en curso. Al principio podría producirse un aumento de reclamaciones amistosas, seguido de una caída de litigios a medio plazo, siempre que los bancos habiliten vías rápidas de devolución y ofrezcan novaciones con plena transparencia", apunta Sánchez.