(El Confidencial, 14-07-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Tribunal Supremo ha detectado por primera vez en una de sus salas un escrito procesal que contiene referencias jurídicas aparentemente generadas por inteligencia artificial y que no se corresponden con el contenido real de las resoluciones judiciales citadas. La sentencia, dictada el 29 de junio, recoge este hecho y deja constancia de que varias de las citas utilizadas por la defensa no guardaban relación con los pronunciamientos atribuidos al Alto Tribunal.
Según la resolución, el escrito presentado por el abogado de la parte recurrida incluía nueve referencias a sentencias y autos cuyos textos no coincidían, ni de forma literal ni sustancial, con los fragmentos reproducidos en el recurso. Tras comparar las citas con las resoluciones originales, los magistrados concluyeron que los argumentos atribuidos a esas decisiones judiciales no figuraban en ellas.
El caso tiene su origen en un litigio relacionado con el pago de intereses de demora derivados de facturas abonadas fuera de plazo. La entidad financiera BFF Finance reclamaba a la Junta de Castilla-La Mancha algo más de 15.000 euros por el retraso en el pago de contratos sanitarios. Durante la tramitación del recurso de casación fue cuando el Tribunal Supremo detectó las supuestas irregularidades en el escrito de oposición presentado por la representación de la entidad financiera.
Ante las dudas surgidas, la Sala requirió al abogado para que identificara de forma precisa todas las resoluciones citadas, indicando el número del recurso correspondiente y la base de datos o repositorio jurídico del que habían sido obtenidas. El letrado atendió el requerimiento al día siguiente, pero la comprobación realizada por el tribunal confirmó que las resoluciones invocadas no contenían los razonamientos que se les atribuían y que algunas de ellas, incluso, resultaban difíciles de localizar. Aunque la sentencia evita mencionar expresamente el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, los magistrados dejan constancia de que las referencias incorporadas al escrito carecen de correspondencia con el contenido auténtico de la jurisprudencia citada.
El Tribunal Supremo decidió no imponer directamente una sanción al abogado, pero acordó remitir el asunto al Consejo General de la Abogacía para que valore si procede iniciar un expediente disciplinario y determinar, en su caso, la posible responsabilidad profesional del letrado.
Este episodio ha generado un amplio debate dentro del ámbito jurídico sobre el uso de la inteligencia artificial en la elaboración de escritos procesales. Diversos profesionales del sector advierten de que cada vez es más frecuente encontrar documentos parcialmente redactados mediante herramientas automatizadas, con problemas de coherencia, razonamientos repetitivos o referencias jurídicas inexactas e incluso inexistentes.
Más allá de la cuestión procesal, el resultado del litigio tampoco fue favorable para la entidad representada por el abogado. El Tribunal Supremo dio la razón a la Junta de Castilla-La Mancha en los dos aspectos objeto del recurso. Por una parte, estableció que corresponde al acreedor acreditar la fecha efectiva en la que recibió el pago de las facturas cuando reclama intereses de demora. Por otra, concluyó que la reclamación exclusiva de esos intereses no interrumpe el plazo de prescripción para reclamar los costes de cobro si estos no se solicitan expresamente. Como consecuencia, el Alto Tribunal revocó la resolución que había reconocido parcialmente las pretensiones de la entidad financiera.
Aunque se trata del primer caso de estas características que llega al Tribunal Supremo, no es el único precedente registrado en España. En 2024, el Tribunal Constitucional ya apercibió a un abogado por incluir en una demanda referencias a diecinueve sentencias inexistentes, mientras que, en febrero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias impuso una multa de 420 euros a otro letrado tras detectar 48 citas falsas generadas mediante una herramienta de inteligencia artificial de uso general.