(El Economista, 11-11-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Tribunal Supremo ha reforzado la posición de los hospitales privados en sus reclamaciones a las aseguradoras por la asistencia prestada a víctimas de accidentes de tráfico. En una sentencia de la Sala de lo Civil, fechada el 8 de octubre, establece que las tarifas públicas autonómicas no pueden utilizarse automáticamente para sustituir los precios facturados por un centro privado cuando este acredita que sus importes son razonables. La resolución fija así los criterios que deben aplicarse en las reclamaciones de hospitales que no están adheridos al convenio de asistencia sanitaria por accidentes de tráfico de Unespa, actualmente en negociación.
El fallo no reconoce un nuevo derecho a establecer libremente los precios, sino que determina cómo deben justificarse ante los tribunales cuando una aseguradora considera que son excesivos. La decisión puede repercutir tanto en los costes asistenciales de las compañías como en los ingresos que obtienen los centros privados por atender a lesionados de tráfico. Según Unespa, las aseguradoras abonaron 431 millones de euros en facturas médicas de víctimas de accidentes durante 2025.
El litigio enfrenta a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, en Ibiza, con Línea Directa Aseguradora. El hospital abandonó el convenio de Unespa en septiembre de 2017 y comunicó las tarifas que aplicaría a partir de entonces. En 2019 atendió a una mujer herida en un accidente de circulación y reclamó a la aseguradora del vehículo responsable 29.647,71 euros por los servicios prestados.
El Juzgado de Primera Instancia de Ibiza reconoció al centro sanitario el derecho a cobrar 28.247,71 euros. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Baleares redujo posteriormente la cantidad a 8.275,73 euros, al considerar que el hospital no había acreditado suficientemente que sus precios se ajustaran a los del mercado. Para determinar el importe, tomó como referencia las tarifas públicas del Servicio de Salud de Baleares.
El Tribunal Supremo revoca este criterio y restablece la primera condena. La diferencia entre las cantidades reconocidas por ambas instancias asciende a 19.971,98 euros, lo que evidencia la relevancia económica que puede tener el método utilizado para determinar el importe de las facturas. La sentencia recuerda que la libertad empresarial para fijar precios no es ilimitada. Cuando no existe un importe pactado o aceptado y la aseguradora cuestiona la factura, corresponde al hospital demostrar que sus tarifas son proporcionadas. No obstante, el Supremo precisa que no es necesario acreditar un precio único o exacto, sino justificar que los importes se sitúan dentro de una horquilla de precios razonable.
Para valorar esa proporcionalidad, los tribunales deben examinar conjuntamente las pruebas aportadas y las circunstancias específicas del centro y del mercado en el que opera. En el caso analizado, la insularidad de Ibiza constituye un factor relevante, dado que puede limitar la oferta asistencial disponible. La policlínica presentó un informe económico que comparaba su rentabilidad con la de otras 14 empresas del sector sanitario y analizaba las tarifas de 62 procedimientos asistenciales de un hospital privado de Menorca. El estudio también tenía en cuenta elementos como la insularidad, la estacionalidad de la demanda, los costes de personal y las inversiones en tecnología médica. Por su parte, la aseguradora no aportó un informe pericial alternativo para cuestionar las conclusiones del análisis.
El Alto Tribunal considera que la Audiencia Provincial realizó una valoración «ilógica y arbitraria» de la prueba al descartar por separado los distintos métodos empleados en el informe, sin analizar el resultado conjunto. A partir de esa valoración, concluye que las tarifas reclamadas por el hospital no pueden considerarse excesivas ni abusivas.
La decisión podría tener repercusiones en otros litigios del sector. El despacho RocaJunyent-Riutord, que representó a la policlínica y a Juaneda Hospitales, en Menorca, afirma que esta controversia ha dado lugar a más de 2.000 demandas en los últimos nueve años. Aunque el fallo no cuestiona el convenio de Unespa, que continúa siendo un instrumento de referencia para agilizar la asistencia y ofrecer garantías económicas a hospitales y asegurados, sí establece que las facturas de los centros privados deben valorarse atendiendo a las pruebas económicas aportadas. Por tanto, las tarifas públicas no pueden imponerse como referencia automática para reducir los importes reclamados.