(El Periódico, 13-05-2025) | Laboral
En julio de 2012, en pleno proceso de recortes exigidos por la Unión Europea y tras la reforma laboral impulsada en febrero de ese mismo año, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una modificación que pasó casi inadvertida, pero que tuvo consecuencias muy perjudiciales para miles de personas: la elevación de la edad mínima para acceder al subsidio para desempleados mayores de edad, que subió de los 52 a los 55 años.
Esta modificación, que se aplicó sin previo aviso, dejó sin acceso a esta ayuda mensual de 430 euros a unos 52.000 trabajadores que, tras agotar su prestación por desempleo, veían en este subsidio su única fuente de ingresos hasta la jubilación. El impacto fue especialmente duro para personas como el caso ficticio de Juan, empleado utilizado como ejemplo en un estudio elaborado por los economistas Gerard Domènech Arumí y Silvia Vannutelli.
El análisis, publicado en el blog económico Nada es Gratis, se basa en datos de la Seguridad Social y utiliza una metodología de "diferencias en diferencias", que permite comparar a quienes se vieron afectados por el cambio con otros trabajadores similares que ya habían cumplido los 55 años antes de la reforma y mantuvieron el subsidio. Los resultados son claros: quienes perdieron el acceso al subsidio volvieron al mercado laboral, en promedio, 150 días antes que los que sí pudieron conservarlo. Sin embargo, este regreso se produjo mayoritariamente en condiciones laborales más precarias y con salarios más bajos.
En un contexto de profunda crisis económica y con una tasa de desempleo cercana al 26%, muchas de estas personas se vieron obligadas a aceptar trabajos inestables o directamente abandonaron el mercado laboral para solicitar otras ayudas como la Renta Activa de Inserción o pensiones por invalidez. Este fenómeno, conocido como "sustitución programática", también ha sido observado en países como Austria y Finlandia, y en el caso español afectó especialmente a quienes tenían entre 53 y 55 años.
El Ejecutivo justificó el cambio argumentando que supondría un ahorro de 600 millones de euros, lo que representaba un 12% del recorte exigido en aquel momento por Bruselas. Sin embargo, el estudio señala que el ahorro real apenas llegó a los 140 millones. Esta diferencia se explica en parte por la supresión de las cotizaciones a la Seguridad Social que se efectuaban junto con el subsidio, lo que debilitó aún más la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Además, los autores del estudio subrayan que esta reforma se llevó a cabo sin implementar medidas de apoyo a la inserción laboral, ni programas formativos específicos para personas mayores de 50 años. La ausencia de políticas de reciclaje profesional o de inserción contribuyó a que muchas personas quedaran atrapadas en un ciclo de empleos inestables o ayudas temporales.
¿Qué deben tener presente los beneficiarios en 2025? El subsidio para mayores de 52 años sigue activo y representa un recurso fundamental para quienes han cotizado al menos 15 años (de los cuales seis deben ser por desempleo) y cuyos ingresos no superen los 888 euros mensuales, es decir, el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Para conservar esta ayuda, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) exige presentar anualmente la Declaración de Rentas (DAR), que analiza tanto los ingresos percibidos como el rendimiento estimado de propiedades no alquiladas, aplicando un tipo de interés del 3,25% anual.
No presentar esta declaración puede conllevar la suspensión del subsidio y de las cotizaciones a la jubilación, con un efecto muy negativo para quienes están cerca de retirarse. Aunque el Real Decreto-ley 2/2024 ha eliminado temporalmente la obligación de declarar el IRPF, la DAR continúa siendo un requisito indispensable. Por ello, es fundamental que los beneficiarios estén atentos y cumplan con los plazos establecidos.
La reforma de 2012 deja una enseñanza contundente: los cambios en políticas sociales, aunque puedan parecer menores, pueden transformar radicalmente la vida de miles de personas. Como muestra este caso, los recortes que se aplican sin una visión estructural pueden tener consecuencias sociales graves y, en muchos casos, contraproducentes para la economía a largo plazo.