(Cinco Días, 20-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo

Más de dos semanas después del estallido de la guerra en Irán, el conflicto ha entrado en una etapa más grave, marcada por ataques continuados contra infraestructuras energéticas que están impulsando con fuerza los precios del petróleo y el gas, aumentando así su impacto económico. Tras los bombardeos israelíes sobre un importante yacimiento gasista iraní, Teherán respondió atacando el miércoles la terminal de gas de Ras Laffan -la mayor del mundo- y, al día siguiente, instalaciones petroleras saudíes en el mar Rojo, un punto clave para la exportación de crudo del reino.

Como consecuencia, el precio del gas natural se ha disparado un 24% en la jornada y ya duplica su valor desde el inicio de la guerra, reavivando en Europa el recuerdo de la crisis energética provocada por el conflicto en Ucrania. La planta de Ras Laffan, responsable de cerca de una quinta parte del suministro mundial de gas natural licuado, sufrió importantes daños tras varios ataques que provocaron grandes incendios, según Qatar Energy. Aunque la instalación ya estaba paralizada por las dificultades para que los buques atraviesen el estrecho de Ormuz, los desperfectos añaden incertidumbre sobre cuándo podrá recuperarse la producción. Analistas como los de ING advierten de que el problema ya no es solo la reapertura del tráfico marítimo, sino también el tiempo necesario para reparar las instalaciones dañadas, algo que aún se desconoce.

Por otro lado, Irán también lanzó drones contra el complejo petrolero saudí de Yanbu, en la costa del mar Rojo, lo que provocó un repunte inmediato del precio del crudo. Este enclave resulta estratégico, ya que permite a Arabia Saudí mantener sus exportaciones gracias a un oleoducto que conecta con los yacimientos del golfo Pérsico. Aunque su capacidad es limitada, puede canalizar alrededor de cinco millones de barriles diarios, siendo un punto clave para los clientes de la petrolera estatal Aramco.

Los expertos consideran que estos ataques suponen un salto cualitativo en la gravedad del conflicto. Según Norbert Rücker, de Julius Baer, el riesgo de interrupciones prolongadas del suministro aumenta cuando los daños afectan directamente a las instalaciones productivas y no solo al transporte. En los próximos días, añade, se podrá evaluar mejor si el mundo se enfrenta a una crisis energética más intensa y duradera. Otros analistas, como Susan Sakmar o Arne Lohmann Rasmussen, advierten de que el suministro de gas podría verse afectado durante meses o incluso años, situando este episodio como un posible punto de inflexión comparable -o incluso superior- al sabotaje del Nord Stream.

El encarecimiento del gas llega además en un momento delicado para Europa, que, tras un invierno más frío de lo habitual, necesita reponer unas reservas estratégicas por debajo de la media. Al mismo tiempo, países asiáticos, grandes compradores del gas qatarí, tendrán que acudir al mercado internacional para compensar la pérdida de suministro, presionando aún más los precios.

En el plano político, el presidente Donald Trump ha pedido el cese de los ataques contra infraestructuras energéticas. A través de su red Truth, aseguró que Estados Unidos no tenía conocimiento previo del ataque israelí al yacimiento de South Pars y afirmó que no se repetirán acciones contra ese enclave. No obstante, advirtió de que Washington podría intervenir de forma contundente si los activos energéticos de Qatar vuelven a ser objetivo. Además, dejó abierta la posibilidad de atacar la isla iraní de Kharg, principal punto de exportación de crudo del país.

La escalada no se limita a estos ataques. Arabia Saudí ha interceptado misiles sobre Riad y drones dirigidos contra instalaciones energéticas en el este del país, mientras que dos refinerías en Kuwait han sido alcanzadas. También Emiratos Árabes Unidos ha suspendido operaciones en su planta de gas de Habshan tras incidentes similares, aunque Baréin ha negado daños en sus infraestructuras.

Según expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la tensión en el estrecho de Ormuz impide una resolución rápida del conflicto, y cualquier medida adicional para presionar a Irán podría elevar aún más los precios de la energía. En paralelo, para contener el encarecimiento, Trump ha suspendido temporalmente la Ley Jones, con el objetivo de abaratar el transporte de petróleo y gas en Estados Unidos. Además, el vicepresidente JD Vance y otros altos cargos tienen previsto reunirse con representantes del sector energético para analizar la situación.

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